La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha presentado un informe contundente que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este informe, que abarca desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, documenta una serie de violaciones de derechos humanos.
El documento de 158 páginas destaca la participación de fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales en actos de violencia extrema, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Las fuerzas de seguridad, como el SEBIN, DGCIM, Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, son señaladas por su involucramiento masivo en detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Además, el informe critica al Consejo Nacional Electoral por no cumplir con medidas básicas de transparencia e integridad, y a la Asamblea Nacional por aprobar leyes restrictivas. También se menciona la falta de independencia del sistema de justicia, lo que agrava la situación de derechos humanos en el país.
Un aspecto destacado del informe es el cambio en el perfil de las víctimas de la represión. Anteriormente, los líderes opositores eran los principales afectados, pero ahora los abusos también alcanzan a ciudadanos comunes que expresan su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.
La misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto con Francisco Cox y Patricia Tappatá, señala que en los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración. Durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron arrestadas por colaborar con la oposición.
Tras los resultados electorales, el informe describe una intensificación de la represión, con detenciones masivas e indiscriminadas que recuerdan a las protestas de años anteriores. Estas acciones represivas han sido justificadas por el gobierno como medidas contra conspiraciones, pero han resultado en violaciones significativas de derechos humanos.
Este informe de la ONU subraya la gravedad de la situación en Venezuela y la necesidad urgente de abordar estas violaciones para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
