Las dos organizaciones humanitarias recalcan que «el contexto de la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema social incapaz de garantizar los derechos más básicos de las personas que viven en las situaciones más duras, de mayor riesgo y vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular»
Andalucía Acoge y Red Acoge han comparecido este martes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de la «Ponencia de estudio que aborde el fenómeno migratorio de manera integral» para poner de manifiesto «las enormes dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes para la obtención de las solicitudes iniciales y la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo el en Estado español». Las propuestas que han planteado ambas organizaciones fueron presentadas en diciembre del año pasado a los diferentes los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Así, ambas entidades han expuesto «los principales obstáculos y escollos del Reglamento de la Ley de Extranjería«, y han propuesto «una serie de medidas, fundamentalmente vinculadas a la flexibilización de los criterios necesarios para la obtención de los permisos de residencia y trabajo de las personas extranjeras, reduciendo los tiempos de estancia exigidos, modificando los criterios económicos y simplificando la burocracia del procedimiento de solicitud».
Para Andalucía Acoge y Red Acoge, «este conjunto de propuestas beneficiaría a las personas extranjeras que ya están en España y que no tienen estas autorizaciones, a quienes deben renovarlas, y a los niños, niñas y jóvenes migrantes sin acompañamiento adulto, cuyos derechos deben ser protegidos según la legislación nacional e internacional, así como garantizar su tránsito a la vida adulta en condiciones de igualdad».
Del mismo modo, «la incorporación de las modificaciones propuestas por ambas federaciones supondría una concreción en cuanto al avance en el cumplimiento tanto de los objetivos del Pacto Mundial para las Migraciones y la Agenda 2030 por parte del Estado español como de los Tratados internacionales de derechos humanos, según los cuales todas las personas migrantes tienen los mismos derechos con independencia de su situación migratoria», señalan.
Por último, las dos organizaciones humanitarias recalcan que «el contexto de la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema social incapaz de garantizar los derechos más básicos de las personas que viven en las situaciones más duras, de mayor riesgo y vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular». Es por ello que los dos organismos consideran «necesario» avanzar «hacia legislaciones y políticas que garanticen los derechos humanos para todas las personas en igualdad de condiciones«.
