La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un año y seis meses de prisión para los nueve acusados de liderar el salto de 602 jóvenes subsaharianos el 26 de julio de 2018
Aunque ninguno de los procesados tenía antecedentes penales, la Sala ha dictado su ingreso en prisión, que no se cumplirá hasta que no se resuelva el recurso presentado por la defensa
El pasado 26 de julio de 2018 más de 600 personas conseguían entrar a Ceuta saltando el perímetro fronterizo. Los hechos imputados son según el escrito de la acusación relatan que «sobre las 18.30 horas del 26 de julio de 2018, […] en una actuación previamente organizada y planificada con objetos […] se produjo una entrada masiva de al menos 602 inmigrantes indocumentados, procedentes de territorio marroquí, por el perímetro fronterizo». Según la exposición de los hechos realizada por el presidente del Tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial, «las personas estaban perfectamente organizadas y coordinadas bajo las órdenes de dos de los nueve acusados, A. alias León, y S. T, alias Escorpio, dirigidos en tres subgrupos perfectamente delimitados que a su vez eran liderados por los otros siete acusados». Ninguno de ellos, tal y como asegura el escrito tienen antecedentes penales.
La entrada se produjo, según el escrito «utilizando la fuerza contra las cosas y violencia contra las personas«. Además se refiere que «los nueve acusados organizaron a las personas para que violentasen el vallado con los materiales facilitados por la organización […]. Una vez accedieron al territorio con el objetivo de desobedecer a la autoridad y romper el orden y la paz social y facilitar la entrada de otras personas que componían esos grupos».
Según el escrito de acusación, «los acusados dieron directrices de violentar a la Guardia Civil, que cumplían sus funciones de vigilancia, para así evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros». Esto, según el mismo escrito, «utilizando lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos«. «Pese que los guardias civiles portaban material protector, a pesar de ellos los mismos sufrieron lesiones de diversa consideración».
Acusación por desordenes, delitos leves de lesiones y daños
Los daños materiales descritos son los siguientes: 10.511’64 euros por la reparación del vallado; 556’92 euros por arreglar un vehículo Toyota; 2.914’14 euros por camisolas, pantallas de casco antidisturbios y otros materiales de protección; 235 euros por pantalones y zapatos técnicos y un terminal de la comandancia, 495 euros.
Las tres acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación particular en nombre de a Asociación de Independientes de la Guardia Civil, les acusa de un delito de desórdenes públicos tipificado por el art. 557 del Código Penal. Igualmente 18 delitos leves de lesiones tipificado en el 147.2 del CP y un delito de daños recogido en el artículo 263.2.1 del CP.
Por estos delitos se han solicitado las penas de 6 meses de prisión por el delito de desordenes públicos, 1 año de prisión y multa de 12 meses a 3 euros diarios por daños, 1 mes de multa a 3 euros diarios por delito de lesiones y pago de todos los costes procesales, las indemnizaciones por responsabilidad civil a cada uno de los 18 guardias civiles e indemnizaciones a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y al estado español por lo antes referido.
Durante la petición de asunción por parte del Tribunal, uno de los acusados tras aceptar los hechos leídos por el Juez, ha interpelado al Tribunal por qué solo son 9 acusados si saltaron la valla más de 600 personas. Una pregunta que no ha obtenido respuesta.
Año y medio de prisión y pago de una multa de unos 2.700 euros por acusado
La defensa de los migrantes acusados y la fiscalía solicitaban una suspensión de la ejecución de la condena, en base al artículo 80 del mismo Código Penal, ya que estas no son superiores a los dos años y los acusados no tenían antecedentes previos.
Sin embargo, la Sala, tras una deliberación e intento de acuerdo, ha dictado la entrada en prisión de los nueve acusados, en base que no tienen arraigo en el país y por considerar muy graves los hechos ocurridos. Además la condena al pago de una multa que ronda los 2.700 euros por todos los costes y perjuicios.
