MADRID – La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que dirija la investigación penal contra Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Ejecutiva del PSOE y expresidente de la entidad pública Correos. La petición se fundamenta en los últimos indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del bautizado como caso Cloacas.
El Ministerio Público considera que existen indicios suficientes de «aparente relevancia penal» sobre la intervención directa de Serrano en las maniobras del partido para favorecer económicamente y dar cobertura laboral a la exmilitante Leire Díez. Los investigadores sostienen que estas acciones formaban parte de un engranaje estratégico diseñado para proteger al entorno del Gobierno y desactivar causas judiciales sensibles.
El «enchufe» estratégico en Correos
Según los informes policiales que sustentan la petición de Anticorrupción, Juan Manuel Serrano habría facilitado la contratación «estratégica» e irregular de Leire Díez en Correos durante su etapa al frente de la empresa pública. La UCO ha interceptado comunicaciones cruzadas en las que se detalla cómo se gestionó su incorporación bajo la premisa interna de que su entrada en la entidad pública era «buena para todos» y servía a los intereses de la organización.
La tesis de los investigadores apunta a que este puesto de trabajo, sumado a un entramado de facturación presuntamente falsa, sirvió como contraprestación y vía de financiación para que Díez coordinara campañas de distracción mediática, asesorías opacas y maniobras de intoxicación destinadas a frenar o desviar el foco de las investigaciones judiciales sobre la corrupción socialista, como el caso Koldo.
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Rastreo de dispositivos móviles
En paralelo a la petición de imputación de la Fiscalía, la UCO ha solicitado al magistrado el volcado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de Juan Manuel Serrano, una medida que también afecta a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, y a otras dos empleadas de la sede central de Ferraz.
Con el cerco estrechándose sobre quien fuera uno de los colaboradores más estrechos y de máxima confianza del presidente del Gobierno en sus inicios al frente del partido, el juez Pedraz deberá decidir en los próximos días si asume la petición de Anticorrupción, lo que supondría un nuevo y grave frente judicial en el corazón de la estructura del PSOE.
