La Comisión Europea ha advertido de que varios organismos españoles encargados de combatir la corrupción y garantizar la transparencia trabajan con recursos económicos y humanos insuficientes. El último informe sobre el Estado de derecho en España señala que la falta de nuevos Presupuestos Generales dificulta especialmente el funcionamiento del Consejo de Transparencia y de la Autoridad de Protección del Informante.
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Las advertencias de Bruselas se concentran en dos instituciones esenciales para prevenir irregularidades dentro de la Administración: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
La Comisión Europea sostiene que ambos organismos afrontan una carga de trabajo creciente sin disponer de los recursos necesarios para asumir sus funciones con plenas garantías.
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El problema ya había sido señalado en informes anteriores de la propia Comisión y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO.
Transparencia afronta un aumento del 40% en las reclamaciones
El Consejo de Transparencia se encarga de tramitar las reclamaciones de los ciudadanos cuando una administración no responde adecuadamente a una solicitud de información pública.
Bruselas recoge en su informe que el organismo reconoce tener un presupuesto limitado, una situación que complica su funcionamiento ante el crecimiento sostenido de las reclamaciones.
Durante 2025 se registraron 2.767 nuevas reclamaciones, frente a las 1.973 contabilizadas en 2024. La diferencia representa un incremento cercano al 40% en solo un año.
El Gobierno aprobó en febrero de 2026 el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que define por primera vez al Consejo de Transparencia como una autoridad administrativa independiente.
La reforma pretende otorgarle nuevas competencias sancionadoras y capacidad para evaluar el cumplimiento de la normativa de transparencia. Sin embargo, el texto todavía debe superar su tramitación parlamentaria.
Hasta ahora, una de las principales limitaciones del organismo es su escasa capacidad para obligar a las administraciones a cumplir sus resoluciones cuando estas ignoran o retrasan las solicitudes de información.
La autoridad de los denunciantes mantiene plazas vacantes
La Comisión Europea también cuestiona la dotación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada para proteger a quienes comunican posibles infracciones legales o casos de corrupción.
Según el informe, la institución comenzó a funcionar con limitaciones presupuestarias y de personal. La ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ha obligado al organismo a cubrir sus gastos mediante un acuerdo económico temporal.
La AIPI dispone oficialmente de 23 plazas, pero varias continúan sin cubrir. Según las cifras incluidas en la información, permanecen vacantes al menos cuatro puestos.
Desde septiembre de 2025, la autoridad habría recibido más de 400 comunicaciones, una media aproximada de cuatro diarias, y expedido más de veinte certificados de protección.
La institución considera que sus medios son insuficientes para responder a una carga de trabajo que continúa creciendo.
Bruselas pide mejorar la protección de los informantes
El informe europeo también recoge posibles deficiencias en los servicios prestados a quienes denuncian irregularidades.
Entre los problemas señalados aparecen la escasez de apoyo económico y psicológico, además de posibles carencias en los sistemas tecnológicos utilizados para proteger el anonimato de los informantes.
La Comisión advierte asimismo de la complejidad del modelo español, ya que ocho comunidades autónomas disponen de organismos propios de protección.
Estas autoridades presentan diferencias en su naturaleza jurídica, sus competencias y su ámbito de actuación, lo que puede dificultar una respuesta homogénea en todo el país.
La puesta en marcha de la AIPI acumuló retrasos
La creación de la autoridad española respondía a una directiva europea aprobada en 2019.
España incorporó esa obligación a su legislación en 2023. El estatuto del organismo se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2024 y posteriormente fue nombrado como presidente Manuel Villoria.
Los retrasos provocaron que la institución permaneciera inactiva durante varios años desde la aprobación de la directiva comunitaria.
Esta demora ha sido uno de los aspectos señalados en las evaluaciones internacionales sobre las políticas españolas de prevención de la corrupción.
Las reformas siguen pendientes del Congreso
El Gobierno ha defendido los avances de su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado después de la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán.
Sin embargo, varias de las medidas anunciadas continúan pendientes de aplicación o necesitan superar el trámite parlamentario, donde el Ejecutivo no dispone de una mayoría estable.
La advertencia de Bruselas pone el foco en que las reformas legislativas necesitan ir acompañadas de presupuesto, personal y capacidad sancionadora real.
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Sin estos recursos, los organismos encargados de fiscalizar a las administraciones, proteger a los denunciantes y garantizar el acceso a la información pública corren el riesgo de no poder cumplir plenamente sus funciones.
