El magistrado Antonio Piña sienta en el banquillo al exconsejero madrileño por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y extensiones de Metro entre 2003 y 2011. La Fiscalía solicita 42 años de prisión.
MADRID. — El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y otras 40 personas. Esta nueva ramificación judicial se centra en las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2011 en la adjudicación de parcelas de suelo público destinadas a la construcción de viviendas, así como en los contratos de obras de diversas líneas de la red de Metro de la capital.
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La resolución del magistrado Piña coincide cronológicamente con la semana en la que el propio Granados —quien fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior, además de secretario general del Partido Popular de Madrid— ya comparecía en el banquillo de la Audiencia Nacional por otra de las múltiples piezas separadas en las que se divide el macroproceso de la trama Púnica.
Irregularidades en suelo público y Metro
Este nuevo juicio corresponde formalmente a la pieza número 8 del caso Púnica. Las investigaciones judiciales han puesto el foco en la gestión de Granados durante su etapa al frente de las responsabilidades de Gobierno en la Comunidad de Madrid, analizando exhaustivamente concesiones vinculadas al desarrollo urbanístico y al transporte público regional.
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En concreto, el tribunal juzgará el supuesto amaño en la adjudicación de suelo público para la promoción de viviendas y las anomalías en las licitaciones e infraestructuras de dos líneas de Metro de Madrid, así como el trazado del metro ligero correspondiente a la localidad de Boadilla del Monte. Junto a Granados, en el epicentro de la acusación formal figuran su antiguo socio, el empresario David Marjaliza, y el exconsejero de la constructora OHL, Javier López Madrid, sumados a una cuarentena de procesados entre cargos públicos y empresarios.
Declaraciones de inocencia en el banquillo
Durante las sesiones del juicio paralelo que se ha celebrado simultáneamente estos días, el exdirigente del PP madrileño ha mantenido una postura de firme rechazo frente a los cargos de corrupción. En su declaración formal ante el tribunal, Granados negó categóricamente haber organizado redes de amaños en las licitaciones municipales o de la administración regional a cambio de dádivas de origen ilícito.
Asimismo, el exconsejero rechazó las acusaciones que le atribuyen haber ordenado que diversos actos de campaña y eventos del Partido Popular regional fuesen costeados de forma indirecta por corporaciones locales, sirviéndose presuntamente de contratos de servicios adjudicados a la empresa propiedad de un amigo personal.
El grueso de los acusados que acompañarán a Francisco Granados en esta nueva vista oral afronta cargos de extrema gravedad. El catálogo penal de delitos que se ventilarán en el juicio comprende la prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental, un entramado delictivo por el cual el Ministerio Fiscal eleva su petición definitiva para el principal encausado a 42 años de reclusión.
