BRUSELAS / MADRID. — La Comisión Europea advirtió el pasado mes de mayo de que España no cuenta con un plan de contingencia formalizado ni puesto a prueba para gestionar llegadas masivas de migrantes, sumado a un déficit estructural de personal en la vigilancia de sus fronteras. Así lo refleja el Informe sobre el Estado de Schengen 2026, donde España figura a la cabeza de la Unión Europea en anomalías operativas con un total de 19 deficiencias, superando a países como Portugal (13) o Grecia (12).
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La evaluación del Ejecutivo comunitario sitúa a España entre los tres únicos Estados miembros que aún no han formalizado sus protocolos de actuación ante emergencias migratorias y entre los seis que no han testado su efectividad. El informe fue respaldado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo de Asuntos de Interior del pasado 4 de junio, apenas semanas antes de los recientes episodios de presión migratoria en Ceuta.
Claves del informe europeo
- Suspenso en prevención: La Comisión señala a España por deficiencias en la agilización de las órdenes de retorno, trabas en la modernización de los sistemas de registro y falta de eficacia en la prevención de fugas y movimientos secundarios hacia otros países europeos.
- Escasez de recursos humanos: El documento denuncia «carencias de personal que afectan a funciones esenciales» debido a la falta de estrategias de recursos humanos a medio y largo plazo en los puestos fronterizos.
- La versión del Gobierno: El Ministerio del Interior matiza las conclusiones asegurando que la UE reconoce progresos en la eficacia de los retornos durante 2025 y que los informes sobre la agencia Frontex no identifican vulnerabilidades en la vigilancia de la frontera terrestre con Marruecos.
- Presión institucional en Bruselas: Tras el informe, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha desplazado a la capital comunitaria para exigir un despliegue permanente de Frontex y reclamar que la Eurocámara apruebe esta semana una resolución explícita en defensa de la integridad de las fronteras de las ciudades autónomas.
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