Caballas opina sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras que «ha sido un autentico quebradero de cabeza durante toda la legislatura». Más allá de los altibajos en polémicas y controversias entre el Gobierno y la empresa adjudicataria del servicio apuntan desde Caballas, lo cierto es que «el nivel de calidad de este servicio esencial ha quedado muy lejos de lo deseado y de lo que corresponde una inversión de dieciocho millones de euros anuales».
Esta «lamentable situación» llevó a Caballas a elevar al Pleno, en su sesión ordinaria de septiembre del pasado año, una «propuesta para rescindir el contrato» siendo la misma aprobada.
Posteriormente en octubre, la propia empresa Trace solicita a la Ciudad iniciar el procedimiento de rescisión del contrato, cuyo expediente según indica la formación debía haberse resuelto en tres meses. Transcurridos cuatro meses sin que tengan noticias, «no se podía esperar otra cosa» matiza Caballas, denuncian además que «los grupos políticos no hemos sido informados». Sin embargo, «a través de declaraciones del Presidente a los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que el mutuo acuerdo está muy cerca».
Caballas solicitará un informe jurídico avalado por funcionario público en vista a los expedientes por incumplimiento pendientes de resolución
Todo esto les suscita una serie de dudas, sobre si el Ejecutivo local piensa someter a la consideración del Pleno el expediente de rescisión de mutuo acuerdo, tal y como sucedió con la modificación del contrato y si dispone el Gobierno de Ceuta de un informe jurídico que acredite la posibilidad de rescisión a pesar de la existencia de hasta catorce expedientes por incumplimiento del contratista.
Te interesa
Caballas también se interesará por si el Gobierno autónomo piensa «devolver las cantidades detraídas de las certificaciones desde el mes de junio de 2017, hasta septiembre de 2018, fecha en la que se relevó al responsable del contrato» y por si «han calculado correctamente el valor de la amortización de la maquinaria a adquirir, teniendo en cuenta el precedente del «caso urbaser», para evitar un pago indebido». Asimismo indagará por la alternativa de «cómo piensan prestar el servicio una vez materializada la rescisión del contrato».
