La fase presencial del proceso arranca entre colas kilométricas y duras críticas de los municipios, que denuncian haber recibido la orden de validar certificados de vulnerabilidad por carta el viernes a última hora.
El inicio de la fase presencial para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha derivado este lunes en una jornada de caos administrativo en las principales ciudades españolas. Con una previsión de beneficiarios que algunos estudios, como el de Funcas, elevan ya a 800.000 personas —frente a las 500.000 estimadas inicialmente—, los servicios municipales se han visto desbordados por una marea de solicitudes que no pueden atender.
El «viernes negro» de la FEMP
El origen del malestar municipal se sitúa en la tarde del pasado viernes. A las 17:38 horas, la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por Pilar Cancela, remitió una carta urgente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la misiva, el Gobierno solicitaba la «colaboración» de los ayuntamientos para validar los certificados de vulnerabilidad, una pieza clave para aquellos que no pueden acreditar ofertas de trabajo.
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Los consistorios denuncian que se les ha trasladado esta responsabilidad sin previo aviso, sin formación para sus técnicos y sin recursos adicionales. «Es una verdadera chapuza», ha denunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, subrayando que el correo llegó con el fin de semana de por medio y a escasas horas de que miles de personas acudieran a las puertas de los ayuntamientos.
Madrid y Valencia: epicentros del bloqueo
Las escenas de tensión se han multiplicado a lo largo de la mañana:
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- En Madrid: Las oficinas de registro en la Ronda de Toledo han registrado colas interminables. El concejal de Políticas Sociales, José Fernández, ha advertido que las solicitudes en la capital han pasado de 1.500 a 5.500 diarias. Fernández critica que se pida a los funcionarios certificar una vulnerabilidad «a ciegas», sin herramientas para comprobar la veracidad de los datos.
- En Valencia: El Ayuntamiento se ha visto obligado a dejar de aceptar solicitudes a mediodía para evitar un «cuello de botella» total, lo que ha derivado el flujo de personas hacia ONG como Valencia Acoge, que tampoco dan abasto.
El certificado de vulnerabilidad: el nudo del problema
El decreto permite obtener la residencia a través de tres vías, pero es el informe de vulnerabilidad el que está generando el colapso. Aunque la ministra Elma Saiz sostiene que «estar en situación irregular ya supone una vulnerabilidad», el trámite requiere una entrevista y un cotejo de datos que los servicios sociales, ya saturados, no pueden realizar de forma inmediata.
«Agradecemos la colaboración… ya que sin su cooperación no podremos conseguir que este proceso sea tan ágil como esperamos», rezaba la carta enviada por el Ministerio, una frase que en los ayuntamientos del PP ha sido recibida como una «desfachatez» dada la falta de medios.
Batalla política por el empadronamiento
La crisis administrativa ha saltado rápidamente a la arena política. El Partido Popular ha anunciado mociones en los más de 8.000 municipios de España para denunciar la gestión del Ejecutivo, mientras que alcaldesas como Catalá sugieren que ayuntamientos socialistas están derivando inmigrantes a otras ciudades para no gestionar los «empadronamientos especiales». Por su parte, desde el PSOE acusan a los gobiernos del PP de «cerrar las puertas» por prejuicios ideológicos y exigen una rectificación inmediata.
Con el proceso presencial abierto hasta el 30 de junio, la presión sobre los servicios sociales públicos amenaza con cronificar un colapso que apenas acaba de empezar.
