La organización sindical recuerda que, de acuerdo con la Ley de Contratos con el Sector Público, las empresas deben contar con fondos propios para hacer frente a los gastos
Comisiones Obreras ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el retraso en el abono de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla de la Fundación SAMU, una empresa que presta servicios en los centros de acogida de menores extranjeros en nuestra ciudad. Desde la organización sindical aseguran que estos trabajadores «vienen soportando retraso en el abono de las nóminas desde el pasado mes de enero«.
Además, añaden, los responsables de la empresa les han hecho saber que este retraso en el abono de la nómina se debe a un «retraso en el cobro de la parte proporcional de la subvención que la Ciudad Autónoma de Ceuta debería haber realizado en este mes de julio». Por ello, CCOO hace saber que es «obligación de la empresa cumplir en tiempo y forma en el pago puntual de las nóminas» y señala que «no se puede usar a los trabajadores de la plantilla como arma arrojadiza contra la Administración».
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Desde el sindicato aseguran que todo esto se produce «sin perjuicio de las medidas que la empresa desee emprender contra la administración competente por el retraso en el abono de la parte de la subvención» y que, de acuerdo con la Ley de Contratos con el Sector Público, las empresas deben contar con fondos propios para hacer frente a los gastos. «Para CCOO el más importante es el abono de las nóminas puntualmente», insisten, advirtiendo que no van a consentir que los trabajadores y trabajadoras de la plantilla «vivan con la angustia de no saber cuándo percibirán sus nóminas«, por lo que ponen a disposición de todos los trabajadores de la plantilla su asesoría jurídica para hacer las reclamaciones pertinentes.
Además, CCOO exige a la Ciudad Autónoma de Ceuta que sea «responsable con sus compromisos y que pague puntualmente con las subvenciones correspondientes, ya que no es la primera vez que trabajadores y trabajadoras sufren las consecuencias de sus atrasos, y eso supone un daño irreparable para sus economías y las de sus familias».
