Instagram ha tomado la decisión de cerrar la cuenta de la periodista Cristina Fallarás tras la publicación de una serie de denuncias anónimas que acusan al político Iñigo Errejón de presunta violencia machista. La red social justificó el cierre alegando que el contenido no cumplía con sus normas comunitarias.
Fallarás, conocida por su activismo y su trabajo periodístico, ha presentado una apelación para recuperar el acceso a su cuenta. En respuesta al cierre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresó su preocupación a través de su perfil en la red social X, destacando la importancia de dar voz a las víctimas.
El caso ha cobrado relevancia después de que Fallarás publicara la primera acusación anónima contra Errejón, quien era portavoz de Sumar en el Congreso. Según la periodista, ha recibido más de una docena de acusaciones similares contra Errejón y otras figuras políticas de diversas ideologías.
En declaraciones a EFE, Fallarás afirmó: «El machismo está presente en todos los sectores de la sociedad, desde la política hasta la cultura, y la violencia sexual es un problema omnipresente». Estas palabras reflejan la gravedad de las acusaciones y la necesidad de abordar el tema con seriedad.
Errejón, por su parte, ha reconocido la veracidad de las acusaciones y ha dimitido de todos sus cargos políticos, citando una contradicción insostenible entre su vida pública y privada. Esta decisión se produjo tras la publicación de un testimonio anónimo que lo describía como un «maltratador psicológico».
La situación se intensificó cuando la actriz y presentadora Elisa Mouliaá denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Mouliaá presentó una denuncia formal en una comisaría, lo que añadió más peso a las acusaciones contra el exdirigente de Sumar.
El cierre de la cuenta de Fallarás ha suscitado un debate sobre la censura en las plataformas digitales y el papel de estas en la difusión de denuncias de violencia de género. Mientras algunos argumentan que las redes sociales deben proteger a sus usuarios de contenido potencialmente dañino, otros defienden la importancia de proporcionar un espacio seguro para que las víctimas compartan sus experiencias.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de gestionar las denuncias de violencia machista en el ámbito digital, donde la línea entre la protección de la comunidad y la censura puede ser difusa. La apelación de Fallarás y el apoyo de figuras públicas como Sira Rego subrayan la necesidad de un diálogo continuo sobre cómo las plataformas pueden equilibrar estos intereses.
