Ahora mismo hay 86.901 personas censadas en Ceuta, pero la cifra podría haber alcanzado casi las 100.000 personas si no se hubieran denegado o dado de baja más de 12.000 padrones.
El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, en una de sus últimas intervenciones como portavoz del ejecutivo local, ha dado los resultados del resumen de la actividad de empadronamiento de entre los años 2012 y 2019. Se trata del primer periodo desde la aplicación de la ley que endurecía las condiciones para empadronarse en Ceuta y Melilla. Según Hachuel, en 2012 se empezó a terminar con los denominados «pisos patera«.
Más de 5.000 personas han sido dadas de baja del padrón después del análisis exhaustivo del Consejo de Empadronamientos. Desde Ciudad también quieren felicitar a la Policía Local, quien ha intensificado su actividad controlando padrones fraudulentos. Aun así, Hachuel ha reconocido que «solo entre el 25 y el 30% de las irregularidades se subsanan». En lo que va de año se han denegado 575 solicitudes de padrón, un leve repunte pero nada comparado con las cifras de justo después del endurecimiento de la ley. En 2014 se denegaron 1.476 solicitudes de padrón.
Los efectos negativos del empadronamiento fraudulento
Por tanto, las cifras han ido decreciendo. Sin embargo, Jacob Hachuel ha reconocido que no tienen cálculos de cuantos padrones fraudulentos puede haber, cosa extraña de cara a plantearse las políticas y las acciones en este sentido. Aun así, el Gobierno se congratula de la actividad desarrollada estos últimos años, explicando que se ha evitado un problema potencial, puesto que las personas que se hubieran empadronado fraudulentamente hubieran tenido hijos y por tanto la demografía ceutí se habría resentido. Al reconocer que los subsidios y las prestaciones son una parte importante de los ingresos domésticos de la Ciudad, Hachuel explica que un crecimiento del padrón pondría en peligro el mismo sistema económico de la Ciudad.
