Las comunidades autónomas han detenido este jueves, en la Comisión de Salud Pública, el borrador presentado por el Ministerio de Sanidad. Este documento incluía medidas de prevención y control para enfermedades respiratorias como la COVID-19, la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS). Una de las propuestas más destacadas era el retorno al uso de mascarillas en caso de un repunte significativo de infecciones.
Durante la reunión, los directores generales de las consejerías de Sanidad revisaron el documento titulado ‘Evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas’. El objetivo del ministerio, liderado por Mónica García, era alcanzar un consenso que permitiera mitigar el impacto de estas infecciones durante el otoño e invierno.
El documento proponía cuatro escenarios de riesgo (0, 1, 2 y 3), basados en indicadores como la tasa de incidencia, hospitalizaciones, ingresos en UCI y ocupación de camas. Cada escenario sugería una serie de actuaciones homogéneas para todas las autonomías, aunque permitía que cada región añadiera medidas adicionales según su situación específica.
Una de las medidas clave era el uso de mascarillas, recomendado por Sanidad en todos los escenarios, con una aplicación gradual dependiendo del empeoramiento de la situación epidemiológica. Esta propuesta surgió tras el último pico de infecciones respiratorias, cuando el Ministerio impuso el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios del país.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) invitó a las comunidades a colaborar en la creación de una estrategia conjunta para evitar otro colapso del sistema asistencial. Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja respondieron a esta invitación, participando en la elaboración del plan a través de varias reuniones durante el año.
No obstante, algunos directores generales consideran que el plan aún no está suficientemente desarrollado. Otros han cuestionado recomendaciones específicas, como otorgar cinco días de baja a trabajadores de centros residenciales contagiados que no puedan ser reubicados. También se ha criticado la falta de rigor y la improvisación en el documento.
Debido a estas discrepancias, se ha programado una nueva reunión extraordinaria para noviembre, con el objetivo de finalizar un documento que posteriormente deberá ser aprobado por los consejeros en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Este proceso refleja la complejidad de coordinar políticas de salud pública en un país con múltiples regiones autónomas, cada una con sus propias necesidades y desafíos. La búsqueda de un equilibrio entre medidas preventivas efectivas y la autonomía regional sigue siendo un desafío clave para las autoridades sanitarias.
