Un nuevo auto judicial ha arrojado luz sobre las responsabilidades derivadas del trágico accidente en la zona de El Bocal, Santander, donde el colapso de una pasarela segó la vida de seis jóvenes. Según la magistrada que instruye la causa, la Demarcación de Costas —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica— era la entidad encargada en exclusividad de garantizar la seguridad de la infraestructura.
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Acción penal contra dos funcionarios
En el auto dictado este martes, 24 de marzo, la jueza ha decidido dirigir la acción penal directamente contra dos cargos específicos de la Demarcación de Costas en Cantabria:
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- El jefe de servicio de proyectos y obras.
- El director de obras del proyecto original de la senda costera (ejecutado en 2012), quien ostenta la jefatura de dicho departamento.
La resolución judicial es tajante al afirmar que Costas es la «única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de las unidades de obra ejecutadas en la senda peatonal donde se produjo el desprendimiento.
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El fin de la ambigüedad administrativa
Durante el proceso, el debate sobre si la competencia del mantenimiento recaía en el Ayuntamiento de Santander o en la administración central había generado incertidumbre. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha subrayado que, basándose en la documentación del proyecto de 2012, no cabe duda de que la custodia de la pasarela pertenecía al organismo ministerial.
Contexto del caso
El suceso de El Bocal conmocionó a la región cuando una pasarela de madera, integrada en la senda costera, cedió bajo el peso de un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar. La investigación técnica posterior apuntó a una falta de mantenimiento estructural que habría debilitado los soportes de la vía peatonal.
Con esta decisión, la instrucción entra en una fase crítica donde se analizará si existió una omisión del deber de cuidado por parte de los funcionarios señalados, lo que podría derivar en delitos de homicidio por imprudencia.
