El PSOE ha declarado que el rechazo del Senado a la reforma de la ley de antecedentes penales no debe considerarse un veto. Según el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, la votación no cumplió con el recorrido reglamentario necesario para ser considerada como tal. López afirmó que, a falta de informes legales, para ellos simplemente se trató de una votación en contra.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, decidió devolver la reforma al Congreso tras el rechazo, interpretándolo como un veto. Sin embargo, el PSOE argumenta que no se presentó ninguna enmienda de totalidad en la Cámara Alta, lo cual es un requisito para que un veto sea válido. Según el artículo 90.2 de la Constitución, el Senado puede vetar o enmendar un proyecto en un plazo de dos meses, pero en este caso, no se registraron ni enmiendas ni vetos.
Por su parte, el Partido Popular (PP) utilizó su mayoría en el Senado para rechazar la ley, basándose en un informe de la Secretaría General del Senado. A pesar de este rechazo, el PSOE insiste en que la reforma podría publicarse directamente en el BOE sin necesidad de más debates en el Congreso, ya que no hubo enmiendas ni propuestas de veto formales.
El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, criticó a Rollán por actuar «al margen de la Constitución y del Reglamento» al interpretar unilateralmente el rechazo como un veto. Espadas denunció que no se permitió a los grupos parlamentarios expresar su opinión al final de la sesión, lo que considera una acción arbitraria.
Actualmente, el Senado ha enviado su interpretación de veto al Congreso, donde la Mesa lo revisará en una próxima reunión. Aunque se espera que el asunto se aborde la próxima semana, no se descarta que se tomen medidas más rápidas, como solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara Baja.
Este conflicto entre el Senado y el Congreso subraya las tensiones políticas actuales en España, especialmente en torno a reformas legales que afectan a temas sensibles como los antecedentes penales de presos etarras. La resolución de este desacuerdo podría sentar precedentes importantes para futuros procesos legislativos en el país.
