Declaración de la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación ante el anuncio del MEFP de eliminar durante el presente curso académico el requisito de la titulación habilitante de Máster de secundaria en la contratación de profesorado:
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La Conferencia Nacional de decanas y decanos de Educación, que representa a los centros universitarios responsables de la formación inicial de todo el país manifiesta su profundo rechazo y perplejidad ante el anuncio realizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que formaliza la contratación extraordinaria como funcionarios interinos docentes de personas que no cuentan con la titulación habilitante exigida por Ley.
El anuncio supone una agresión directa a la profesión docente, a los cientos de miles de titulados y estudiantes del Máster de Secundaria y a las universidades de este país como responsables de la formación inicial del profesorado.
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La conferencia de decanas y decanos de educación lleva tres años promoviendo un conjunto de medidas para mejorar y elevar la formación y consideración social del profesorado manteniendo una interlocución directa y continuada con el ministerio, las comunidades autónomas, asociaciones de docentes y movimientos de renovación pedagógica. Este proceso de interlocución y creación compartida de un nuevo modelo y escenario de desarrollo profesional ha generado grandes expectativas en la comunidad educativa que no se pueden ni se deben frustrar.
La decisión de los máximos responsables de la educación de este país que integran la Conferencia Sectorial de Educación (Ministerio y CCAA) y en el día de ayer llegaron a este acuerdo contradice todas sus declaraciones previas y compromisos manifestados con la mejora de la profesión docente y supone un ataque directo a los cientos de miles de titulados
que en la última década no han tenido oportunidades de empleo o han sido empleados en condiciones precarias como consecuencia de la falta de oferta pública de empleo y la tasa de reposición cero impuesta en el sector educativo. Esta decisión, supone además un ataque directo a las universidades y a quienes formamos al profesorado de este país soportando, como hemos soportado estos años una masificación crónica de las aulas y unas condiciones críticas de trabajo.
Según datos del propio MEFP (actualizados al mes de julio de 2020 a través de su base de datos Educabase) cada curso se titulan del orden de 30.800 nuevos profesores y profesoras de secundaria. Desde el 2015 al 2019 se titularon en nuestro país 114.799 profesores y profesoras de secundaria. Siendo esta una oferta formativa presente en todas las comunidades autónomas. Desde la implantación del Máster se han titulado más de 200.000 en nuestro país. Por lo tanto no hay razón alguna que justifique el argumento en el que se apoya la decisión de que “Muchas CCAA han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado que pueda cubrir las contrataciones previstas”
La falta de previsión y/o incapacidad de contratación y gestión de las listas de sustitución de las comunidades autónomas no puede resolverse con medidas que devalúan la profesión docente y ponen en riesgo el derecho fundamental a recibir una educación segura y de calidad.
Esta decisión cuestiona el valor de la formación docente y apuntala la creencia errónea de que para ser docente basta con conocer la disciplina. La realidad de la pandemia ha demostrado que hay un conjunto de saberes y competencias imprescindibles y urgentes de naturaleza Pedagógica y Didáctica que son irrenunciables y que hoy nuestros máximos responsables en educación niegan con esta decisión.
La conferencia no puede ni debe mirar para otro lado y muestra su preocupación ante la opacidad y el desconocimiento de los criterios y procedimientos de selección que se van a utilizar en aquellas comunidades que apliquen esta medida respecto a la que no existe ningún consenso ni negociación previa con la comunidad educativa.
La Conferencia quiere reiterar que la calidad de la educación no puede ser un elemento en juego en la negociación política. Los ciudadanos, más en
estos tiempos, y la comunidad educativa necesita confiar en quienes lideran las instituciones. Los profesionales de la educación, los docentes y futuros docentes de este país, y quienes los formamos, merecemos que se valore y reconozca nuestro trabajo y este acuerdo no solo contradice todas las recomendaciones internacionales sobre el futuro y la mejora de la profesión docente, sino que además desprecia todo el esfuerzo y dedicación de la comunidad educativa.
