La vicepresidenta de la Ciudad Autónoma reconoce que no tuvo acceso a ningún informe individualizado ni a los expedientes de los menores que fueron devueltos a Marruecos el año pasado, pero que la vulnerabilidad o no de los niños la detectaba a simple vista. Deu ignoró a Antonia Palomo, jefa del Área de Menores, que le advirtió de que había que aplicar la Ley de Extranjería y no el acuerdo del 2007 para devolver a los 55 niños
Antonia Palomo, jefa del área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, insistió en que había que aplicar la Ley de Extranjería, y no el acuerdo con Marruecos firmado en el año 2007, en la repatriación de los menores orquestada durante el año pasado tras la llegada de miles de personas a Ceuta por el espigón del Tarajal, de las que unos 1.500 eran niños. Palomo planteó “dudas jurídicas” sobre el procedimiento, pero la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, consideró que “no eran transcendentes” y todo se quedó en una conversación.
«La jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería», dijo Deu en su declaración en el juzgado, donde el que está siendo investigada por un delito de prevaricación continuada por el que se enfrenta a entre 12 y 15 años de inhabilitación.
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Este hecho ha sido destacado desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que es acusación popular del caso, ya que le parece muy esclarecedor que una “funcionaria jefa dijera que se estaba incumpliendo la ley”. Por ello, consideran de especial relevancia la próxima declaración de Palomo en el juzgado.
En su declaración Deu también explicó que se mantuvo una reunión entre las autoridades españolas y marroquíes el 11 de agosto en la frontera del Tarajal, donde se pudieron de acuerdo del procedimiento a seguir para las devoluciones. La responsable política del área de Menores en Ceuta consideró que el convenio firmado con Marruecos en el año 2007, aunque no se había aplicado antes, “era apropiado por la situación extraordinaria”.
En cuanto al intereses de los menores, Deu asegura que los niños devueltos “no se encontraban en situación de vulnerabilidad” aunque ella no recibió ningún informe, ni tuco acceso a los expedientes. Tampoco “le constaban quienes eran las familias de origen”, pero dice que “la vulnerabilidad se determinó por los expertos de las entidades Samu, Engloba y Save de Children” y que ella lo sabía por “lo veía a diario”. Por lo tanto, Deu ni analizó ni tenía constancia de la situación de los menores pero que, según su declaración, la vulnerabilidad de una persona se puede determinar a simple vista.
