A María le obligaron a escuchar el latido del corazón del feto en contra de su voluntad “por si se arrepentía”. A Sara la cuestionaron durante tres meses y le entregaron estampas de vírgenes con mensajes “pro-vida” en la puerta de la clínica. Fatima pagó y no tuvo que esperar tres meses ni escuchar latidos, pero durante la intervención no le preguntaron ni su nombre y se sintió “juzgada”. ¿Es el aborto un derecho en el que se asegura la igualdad de acceso y la calidad asistencial? Según las experiencias y los testimonios de estas mujeres, en Ceuta no.
La actual Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recoge que “se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso” a esta prestación sanitaria “con independencia del lugar donde residan”. En la ciudad autónoma no se cumple, pues no existe ese servicio en el Hospital Universitario, lo que implica coger un barco y más de una hora de viaje. “Para mí es una brutalidad tener que viajar a Algeciras”, cuenta una de las ceutíes afectadas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció hace un par de semanas que, con la reforma de la Ley del Aborto en la que están trabajando, “abortar va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”. Mientras tanto, en Ceuta desde el INGESA se limitan a indicar que “no está incluido en la cartera específica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUCE”, sin contestar a preguntas de El Foro sobre el motivo, si es causa de la objeción de conciencia de los médicos, el coste o cualquier otro.
Este problema es una de las piedras que obstaculizan el acceso de las mujeres ceutíes a este servicio que garantiza el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Pero cuando escuchas sus testimonios, la situación se agrava y las piedras conforman una montaña. María, Sara y Fatima, nombres ficticios porque han preferido mantener su anonimato, son ejemplos de cómo es abortar en Ceuta. Tanto María como Sara, que lo hicieron todo a través de la Seguridad Social, tuvieron que esperar casi tres meses hasta que les dieron citas, “al límite” de lo establecido legalmente para poder interrumpir el embarazo. “Tenía la sensación de que estaban alargando el proceso para que me arrepintiera”, dice una de ellas.
Cuestionamiento continuado
María tomaba la pastilla anticonceptiva, pero falló. Tenía 20 años cuando fue al médico diciendo que quería abortar. De ahí la derivaron al servicio de Ginecología y Obstetricia del HUCE, donde le hicieron una ecografía. “Lo pasé fatal, no me gustó que me hicieran una eco y me obligaran a escuchar el corazón del bebé porque yo tenía claro lo que quería hacer”, cuenta, y es que las enfermeras la “trataron de convencer” diciéndole que iba a “matarlo”.
“Es como ir a un matadero. Súper frío y con nada de tacto. Para mí, hasta cruel. Nos dejaban solas, no dejaban que estuviera mi madre. Nos ponían en fila a todas y lo hacían una a una, como un supermercado”
Después, la mandaron a la oficina para facilitarle toda la información sobre el proceso. “Estuve tres meses hasta que me dieron la cita, lo hacen para ver si la madre cambia de opinión”, relata apenada, porque lo pasó “fatal”.
Una vez llegó a la clínica la experiencia empeoró. “No se lo deseo a nadie, es como ir a un matadero, están todas las chicas metidas en un cuarto y las camas en fila. Así van practicando los abortos con una y pasando a la siguiente. Súper frio y con nada de tacto. Para mí, hasta cruel”, dice María. “Nos dejaban solas, no dejaban que estuviera mi madre. Nos ponían en fila a todas y lo hacían una a una, como un supermercado”. Fueron dos años de depresión después de este “largo y doloroso” proceso, sobre todo psicológicamente.
“Si hubiera tenido ese hijo ahora estaría sufriendo violencia vicaria, porque esa persona de la que me quedé embarazada era mala”
Cuatro años después se quedó embaraza de nuevo y su médico de cabecera, en el centro de salud del Tarajal, le dijo: “¿ahora sí y antes no?”. Solicitó un cambio de médico. “No es que quisiera uno sí y otro no. Es que las circunstancias eran muy diferentes. Si hubiera tenido el primero ahora estaría sufriendo violencia vicaria, porque esa persona de la que me quedé embarazada era mala. Yo estaba inmersa en una situación de violencia y miedo. No me daba cuenta, pero ese proceso también me ayudó a separarme de él y nos ahorramos mucho sufrimiento porque hoy día lo habríamos pasado muy mal”, relata. “Yo no tengo que ir explicando mi vida o por qué lo voy a hacer. Si por ley tengo esa opción y es mi derecho, ¿por qué me tienen que estar cuestionando?”.
“Yo no tengo que ir explicando mi vida o por qué lo voy a hacer. Si por ley tengo esa opción y es mi derecho, ¿por qué me tienen que estar cuestionando?”
Tres meses de espera
Sara se quedó embaraza a raíz de una agresión física y su decisión estuvo clara desde el primer minuto. “No quería unirme de por vida a la persona que me había agredido físicamente”, es lo primero que dice. Casi por defecto, lo primero que hacen estas mujeres es dar una explicación, aunque ahora no se les pida, por todas las veces que las dieron durante el proceso.
“Yo tenía 29 años, no era ninguna niña, y me sentí durante tres meses cuestionada y me daba la sensación de que estaban dejando correr el tiempo a propósito”
“Yo no tengo por qué dar explicaciones, ni contar mi historia. Si las mujeres tomamos esa decisión desde la Sanidad Pública no tienen que estar cuestionándonos continuamente. Tenía 29 años, no era ninguna niña, y me sentí durante tres meses cuestionada y me daba la sensación de que estaban dejando correr el tiempo a propósito”, lamenta.
La experiencia de Sara, también gestionada por completo desde la Seguridad Social, es muy parecida a la de María. Esperó tres “largos” meses para que le concedieran la cita en la clínica y tuvo que aguantar una ecografía en la que escuchó los latidos. “No es agradable escucharlo, aunque tú lo tengas muy claro”.
“No me lo pusieron nada fácil”, explica, porque se enteró de que estaba embaraza un 27 de octubre y no obtuvo cita en ginecología hasta la primera semana de enero. “Mi interrupción fue ya in extremis, en el tiempo de descuento, cuando yo realmente fui al hospital nada más enterarme porque lo tenía muy claro”. Esta es su experiencia y contradice a la información del INGESA, desde donde aseguran que en Ceuta cuando una mujer acude al médico diciendo que está embarazada y ha decidido abortar, “se deriva urgente a ginecología”.
Si pagas, no esperas
Lo peor es que si pagas directamente en la clínica privada de Algeciras, no tienes que esperar. “Son 400 y si quieres te doy cita pasado mañana”, le dijeron a Sara cuando llamó y se interesó por su cita, derivada desde la Seguridad Social. Esto fue lo que hizo Fatima, pagar y no esperar.
Fatima se quedó embarazada con 15 años y fue a Urgencias, donde le hicieron el test. “Di positivo y se lo tuve que decir a mis padres, como sabíamos que aquí no lo hacían llamamos directamente a la clínica de Algeciras”, cuenta. La llamada se produjo un lunes y el miércoles por la mañana ya tenía cita para el aborto. Su familia pagó más de 450 euros.
“Directamente me dijo que abriera las piernas y casi me mata con la mirada. Me sentí bastante juzgada en ese momento. El trato era súper frío. Ese mismo día me fui a mi casa”
“No me esperaba que fuera así para nada, se supone que tienes que hablar con un psicólogo y que te den algunos días para que te lo pienses. A mí no me hicieron nada de eso. Llegué y solo me preguntaron mi edad, si habían sido relaciones con o sin protección y si iba a pagar con efectivo o tarjeta. No me preguntaron nada más”, relata esta ceutí. Llegó hasta tal punto la falta de comunicación que la ginecóloga que llevó a cabo la IVE ni le preguntó su nombre, “directamente me dijo que abriera las piernas y casi me mata con la mirada. Me sentí bastante juzgada en ese momento. El trato era súper frío. Ese mismo día me fui a mi casa”.
“Se supone que me pusieron una sedación leve, pero yo me enteré de todo, me dolió muchísimo. Nunca me ha dolido algo tanto”, cuenta. A las dos semanas regresó para la revisión y en ese momento le recomendaron un método anticonceptivo, “pero no preservativo, solo DIU o pastillas”.
Los antiabortistas
Cuando Fatima llegó a la clínica, en la puerta encontró un grupo “antiaborto con pancartas y carteles”. Los ignoró. Sara, que fue sola, también vio a gente en la puerta. “Iban dando estampitas y las pulseras de rosario. Estoy yo pa’ rezar ahora, señora. Eran cuatro parroquianas que se levantarían temprano y estarían muy aburridas. Se te acercan y sí intentan hablar contigo”, cuenta.
A principios de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal “para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”. La propuesta, presentada por el PSOE, establece penas de prisión de tres meses a un año o trabajos comunitarios para quienes «coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».
Abortos involuntarios
También existen los abortos naturales. En el caso de Nerea, cuya interrupción del embarazo fue involuntaria, la tuvieron un mes y medio en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) realizándole analíticas de sangre y mandándole reposo absoluto. Ella pensó en todo momento que seguía embaraza, pero había sufrido un aborto desde el primer día y no lo supo hasta que fue a un médico privado.
Apoyo psicológico
Tras un proceso traumático para muchas, por la forma en la que está gestionado, se vuelve imprescindible el apoyo psicológico. Fatima no solicitó apoyo psicológico porque aunque tuvo un par de semanas tras la intervención baja de ánimos, las asoció “al sangrado y al cansancio”. “Quizás sí que me hubiera venido bien”, reconoce.
Sara asegura que “nadie me dijo que si quería pasar por psicología en todo el proceso. Al final en la clínica privada pude hablar con una psicóloga y me sirvió bastante. Pero aquí en Ceuta, en el hospital en ningún momento me lo comentaron, ni como opción”. Sobre este asunto hemos preguntado al INGESA, que asegura que “ofrece apoyo psicológico, y se puede derivar a la persona en cuestión para ser tratada”.
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“Lo que necesitamos es más apoyo psicológico. En mi caso cogí una depresión y estuve tomando medicación. Si me hubieran facilitado un tratamiento psicológico en su momento…” se lamenta María.
Sara recuerda que “la interrupción del embarazo no es solamente para jóvenes sin información que se quedan embarazadas. Hay muchas vidas de mujeres adultas que no pueden llevar a término un embarazo. También hay que procurar para ellas una ayuda psicológica y un buen acompañamiento. Porque, aunque tengan clara su decisión, es una decisión dura y un proceso duro”.
Para esta ceutí “ha sido uno de los episodios más feos de mi vida en cuanto a la sanidad pública. No me explicaba cómo me lo podían estar haciendo tan complicado. Todas las visitas al hospital a semiescondidas. Las miradas que recibes. Se presupone que el personal sanitario, tenga la ideología que tenga, tiene que tener un mínimo de profesionalidad. Y a ese respecto en Ceuta no se le da un trato humano”.
