El pacto alcanzado entre el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) y el PNV para aprobar un nuevo decreto del llamado escudo social ha desatado críticas dentro del propio bloque de investidura, sobre todo por parte de Podemos y Junts per Catalunya, poniendo en riesgo su aprobación en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo decidió separar las medidas sociales en dos decretos tras la caída de un amplio decreto ómnibus la semana pasada: uno dedicado exclusivamente a la revalorización de las pensiones, que se considera prácticamente seguro que prosperará, y otro que recoge el escudo social, con ayudas, subsidios, exenciones fiscales y la prórroga de la moratoria de desahucios para personas vulnerables. El objetivo de esta división ha sido facilitar apoyos parlamentarios para cada texto por separado.
Sin embargo, el pacto con el PNV introdujo una modificación clave: exonerar de ciertas obligaciones a pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, incluida una destinada a alquiler, lo que ha provocado reacciones encontradas. El Grupo Vasco celebra que la modificación proteja a estos pequeños propietarios y considera que otros partidos podrían aceptar este punto.
Por el contrario, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado duramente el acuerdo, calificándolo de “asco absoluto” y criticando que la medida deje a familias vulnerables sin protección frente a desahucios cuando viven en viviendas de propietarios con una sola vivienda en alquiler. La líder morada ha expresado su rechazo en redes sociales y lo ha tildado de injusto desde un punto de vista social.
También Junts per Catalunya ha anunciado públicamente su intención de votar en contra del decreto del escudo social. La portavoz del grupo, Míriam Nogueras, ha argumentado que las medidas pactadas son “insuficientes” y que la solución negociada no resuelve problemas como las okupaciones ni protege de forma adecuada a los pequeños propietarios, por lo que considera injusto el alcance de la norma.
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A estas tensiones se suma la crítica del Partido Popular (PP), cuyo secretario general, Miguel Tellado, ha denunciado que el PNV ha adoptado una actitud de “sumisión” al Gobierno con este acuerdo y ha cuestionado la eficacia y coherencia de las medidas pactadas.
El resultado es un panorama político complejo alrededor de la aprobación del escudo social: aunque el Ejecutivo confía en asegurar votos suficientes con otras fuerzas como EH Bildu, BNG o Coalición Canaria, las divergencias internas del bloque de la investidura —con Podemos y Junts en posiciones opuestas— dificultan su tramitación parlamentaria en las próximas semanas.
