El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado la iniciativa de realizar un mapeo que identifique áreas rurales y montañosas donde existen deficiencias en la cobertura de las pulseras antimaltrato. Este problema se ha señalado como uno de los obstáculos más frecuentes por las comisiones provinciales de violencia de género y por juezas del ámbito.
Esther Rojo, actual presidenta del Observatorio desde el pasado noviembre, ha destacado durante una reciente visita al Centro Cometa, que se encarga de gestionar el control de estas pulseras telemáticas, la importancia de este mapeo. «Durante esta visita, pregunté directamente sobre la situación de cobertura, y me confirmaron que están trabajando en la elaboración de este documento», afirmó en una entrevista.
Una vez que el Observatorio reciba el mapeo de las áreas con problemas de cobertura, se lo remitirá a los juzgados que manejan casos de violencia de género. Esto permitirá que los magistrados sean informados adecuadamente sobre las limitaciones tecnológicas que pueden afectar las medidas de control de alejamiento que se imponen a los agresores.
Esta decisión se tomó tras una reunión en la que se discutieron las diversas complicaciones detectadas con las pulseras telemáticas, incluidas las dificultades relacionadas con la migración de datos de un proveedor a otro. Estas incidencias han sido motivo de preocupación, ya que afectan directamente a la seguridad de las víctimas.
Según Rojo, uno de los problemas más destacados discutidos en esta reunión fue la falta de cobertura en zonas pequeñas y rurales. Las actas de las comisiones provinciales y algunos informes judiciales han subrayado que, en estos lugares, existen casos en los que la geolocalización tanto del infractor como de la víctima resulta ineficaz.
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Este fallo en la cobertura se ha constatado, especialmente, en áreas rurales aisladas y en regiones montañosas, y no se deben únicamente a problemas temporales, según ha detallado la presidenta del Observatorio. Se considera esencial que la administración judicial esté al tanto de estas deficiencias para poder implementar medidas de protección adecuadas.
Desde el Centro Cometa han asegurado que estarán «pronto» en condiciones de remitir el mapeo requerido al Observatorio. Este documento deberá actualizarse de forma regular para adaptarse a las mejoras en la cobertura y visibilizar de manera precisa las zonas que siguen siendo problemáticas.
La presidenta del Observatorio enfatizó que conocer las áreas específicas con problemas de cobertura es vital tanto para las mujeres bajo protección como para los jueces que establecen estas medidas de seguridad. La integridad de las víctimas de violencia de género debe ser la prioridad en la aplicación de estas tecnologías de monitoreo.
