La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examina este martes si archiva de forma definitiva las cinco diligencias informativas abiertas contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha elevado la propuesta de archivo de todas las actuaciones iniciadas a raíz de las denuncias presentadas contra el magistrado en el marco de la investigación a Begoña Gómez.
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Entre las iniciativas analizadas destaca la incoada de oficio tras el auto en el que Peinado decretó la retirada del pasaporte a Gómez —medida posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los agentes de la Policía Nacional asignados a su escolta podrían colaborar en una hipotética fuga de la investigada. Dichas afirmaciones motivaron también una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que ponían en entredicho la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un abanico de denuncias e interpretaciones jurídicas
Las restantes quejas objeto de análisis fueron promovidas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —a cuenta de su citación como testigo—, la asesora Cristina Álvarez, el grupo municipal Más Madrid junto al diputado socialista Pedro Guillermo Hita, y un ciudadano particular.
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Hace un mes, la propia Comisión Permanente, apoyada en el voto de calidad de la presidenta del CGPJ y el bloque progresista, encomendó al promotor estudiar si el instructor había incurrido en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad», frente al voto particular de los vocales conservadores, quienes sostenían que el cauce adecuado para censurar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio del promotor se alinea ahora con esta última postura, argumentando que el CGPJ únicamente debe actuar ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos si existe un requerimiento formal o testimonio deducido por el tribunal superior que resuelva la apelación, circunstancia que deja la decisión final sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en su sesión de este martes.
