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- El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cita a declarar al expresidente socialista el próximo 2 de junio.
- La UDEF registra su despacho oficial en Madrid y el magistrado levanta el secreto de sumario sobre la causa.
- Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado formalmente en una causa por presunta corrupción.
MADRID.– En un giro sin precedentes en la historia democrática de España, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha citado al exlíder socialista a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, en el marco de las pesquisas sobre el ‘caso Plus Ultra’.
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La decisión judicial se ha materializado a primera hora de la mañana de este martes 19 de mayo, coincidiendo con el levantamiento del secreto de las actuaciones. Minutos después de notificarse la citación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han iniciado el registro del despacho oficial del expresidente, así como de las sedes de tres sociedades mercantiles vinculadas a su entorno.
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El origen de los fondos bajo sospecha
La investigación judicial trata de esclarecer si el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la pandemia sirvió de pantalla para el lavado de fondos de procedencia ilícita.
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Según los indicios que maneja el juzgado, el dinero atribuido a Zapatero procedería supuestamente del cobro de comisiones ilegales a cambio de labores de mediación ante administraciones y gobiernos extranjeros —particularmente el de Venezuela— para favorecer a empresas de su entorno con contratos y subvenciones. Posteriormente, estas ganancias irregulares habrían sido desviadas a través de un entramado de sociedades instrumentales y testaferros con operaciones comerciales simuladas para reintroducirlas en el circuito financiero legal.
La causa conecta directamente con la investigación principal en la que figura como imputado el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, a quien la UDEF descubrió recientemente fondos ocultos en Miami que previamente habrían transitado por Luxemburgo.
Zapatero negó los cobros en el Senado
La imputación llega semanas después de que el propio Rodríguez Zapatero compareciera en la comisión de investigación del Senado. Durante su intervención en la Cámara Alta, el expresidente admitió mantener una relación personal y haber realizado trabajos para el empresario Julio Martínez, pero negó de forma categórica haber percibido contraprestación económica alguna por intermediar ante el régimen venezolano o por la concesión del polémico préstamo público a la aerolínea.
De confirmarse las tipificaciones penales que de forma provisional le atribuye el magistrado Calama, el expresidente podría enfrentarse a penas de prisión sustanciales: el delito de blanqueo de capitales contempla condenas de entre seis meses y nueve años de cárcel, a las que se sumarían las penas asociadas a la pertenencia a organización criminal.
Terremoto político
El impacto político de la noticia ha sido inmediato. Desde la oposición, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha calificado la situación de «gravedad extrema» y ha exigido la comparecencia urgente del presidente del Gobierno: «No solo hablamos de un expresidente, sino del principal consejero de Sánchez. El tinglado se desmorona», ha denunciado a través de sus redes sociales.
En las filas socialistas, la noticia ha causado un hondo impacto. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido en una entrevista radiofónica haberse quedado «de piedra» ante la imputación, manifestando su deseo de que todo se aclare con rapidez «por el bien de su familia y del PSOE».
