El Gobierno de coalición ha abierto una disputa jurídica y política sobre cómo frenar la escalada del precio del alquiler en España. PSOE y Sumar mantienen posturas enfrentadas respecto a las medidas a aplicar, lo que ha generado un nuevo foco de tensión entre los socios del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende una estrategia basada en incentivos fiscales dirigidos a los propietarios para que bajen los precios de los alquileres o mantengan rentas asequibles. Desde el ala socialista se considera que esta vía es la más eficaz y jurídicamente segura para actuar sobre el mercado sin vulnerar el marco constitucional.
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Por el contrario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechaza esta fórmula y apuesta por medidas más contundentes. Sumar insiste en la necesidad de una congelación de los precios del alquiler mediante decreto, una propuesta que, según defienden, permitiría proteger de forma inmediata a los inquilinos frente a las subidas descontroladas.
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Sin embargo, desde La Moncloa se oponen frontalmente a esta iniciativa. Fuentes del Ejecutivo sostienen que una congelación impuesta por decreto sería inconstitucional, al interferir de forma directa en el derecho a la propiedad privada y en la libertad de mercado. Este argumento jurídico ha llevado al PSOE a descartar la propuesta de su socio minoritario.
La divergencia ha derivado en un debate legal interno para determinar hasta dónde puede llegar la intervención del Estado en el mercado del alquiler sin vulnerar la Constitución. Mientras tanto, la falta de consenso retrasa una respuesta común ante una de las principales preocupaciones sociales, especialmente en las grandes ciudades, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural.
Este nuevo desencuentro se suma a otras fricciones recientes dentro del Ejecutivo y pone de manifiesto las dificultades para armonizar las distintas sensibilidades del Gobierno de coalición en materia de vivienda.
