El Gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola (PP), ha eliminado la prohibición que impedía a los jefes de servicio de la sanidad pública compatibilizar su cargo con el ejercicio en la sanidad privada. La medida, adoptada en los meses previos al ciclo electoral, coincide con un fuerte aumento de las externalizaciones sanitarias: la derivación de pruebas diagnósticas a centros privados se incrementó un 59%.
Según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ejecutivo popular superó en su primer año completo de mandato el gasto destinado a externalizaciones registrado en cualquiera de los últimos ejercicios del anterior Gobierno del PSOE. Este incremento ha reavivado el debate político sobre el modelo sanitario y el papel de la iniciativa privada en el sistema público extremeño.
Desde la oposición, Unidas por Extremadura ha sido especialmente crítica. Su diputado José Antonio González ha calificado la situación como “el cóctel perfecto”, al considerar que la eliminación de incompatibilidades para altos cargos sanitarios, unida al aumento de derivaciones a clínicas privadas, puede generar conflictos de intereses y debilitar la sanidad pública.
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El Ejecutivo regional defiende, por su parte, que la flexibilización de las incompatibilidades busca retener talento médico y mejorar la eficiencia del sistema, mientras que las derivaciones se justifican como una herramienta para reducir listas de espera y agilizar la atención a los pacientes.
La decisión de permitir la compatibilidad entre la sanidad pública y privada, junto con el crecimiento del gasto en externalizaciones, se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en Extremadura, en un contexto marcado por la proximidad electoral y el debate sobre la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario.
