La inversión busca promocionar el paquete de medidas de transparencia y control mediático impulsado por el presidente Pedro Sánchez, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sector periodístico.
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MADRID – El Gobierno de España ha dado un paso más en su estrategia para implementar el controvertido plan de regeneración democrática. Según ha revelado este lunes El Confidencial, el Ejecutivo ha destinado una partida de 11 millones de euros exclusivamente para campañas de publicidad y promoción de este proyecto, que busca, entre otros objetivos, regular la transparencia y la financiación de los medios de comunicación.
Una inversión bajo la lupa
El gasto, que se articula a través de los presupuestos destinados a publicidad institucional, tiene como fin explicar a la ciudadanía las bondades de las reformas propuestas por el presidente Pedro Sánchez. Estas medidas incluyen una mayor supervisión de los fondos públicos que reciben los diarios y plataformas digitales, así como mecanismos para garantizar la veracidad de la información y combatir los denominados «pseudomedios».
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Sin embargo, la cuantía de la inversión ha suscitado críticas inmediatas. Desde sectores de la oposición y diversas asociaciones de prensa se cuestiona que se utilice una cifra tan elevada de dinero público para «promocionar» una reforma que afecta directamente a la libertad de prensa y que muchos consideran un intento de controlar el relato mediático.
Los ejes del plan de Sánchez
El plan de regeneración, presentado originalmente tras el periodo de reflexión de cinco días que el presidente se tomó el pasado mes de abril, se centra en varios puntos clave:
- Transparencia en la propiedad: Obligación de los medios de hacer pública su estructura de accionistas.
- Control de la publicidad institucional: Nueva normativa para evitar que el dinero público se utilice para financiar medios sin audiencias reales o con fines partidistas.
- Reformas legislativas: Modificaciones en las leyes de derecho al honor y de rectificación.
Reacciones políticas
Fuentes de Moncloa defienden que la campaña es «necesaria» para que los ciudadanos conozcan sus derechos frente a la desinformación y el fenómeno de los «bulos». Según el Ejecutivo, España se está limitando a trasponer directivas europeas de libertad de medios que buscan proteger la democracia frente a injerencias externas y noticias falsas.
Por el contrario, el Partido Popular y Vox han calificado este gasto de «propaganda pura» y denuncian que Sánchez está «pagando con dinero de todos la censura que quiere imponer a los medios que le son críticos».
Esta nueva partida de 11 millones se suma a un presupuesto de publicidad institucional que en 2026 ha alcanzado cifras récord, consolidando al Estado como el principal anunciante del país, una posición que, según los expertos, otorga al Gobierno un poder de influencia indirecto sobre la viabilidad económica de muchas cabeceras.
