La gestión y distribución de los envíos electorales tendrá carácter preferente respecto al resto de las remesas postales
El Consejo de Ministros ha aprobado las obligaciones que se imponen al operador postal Correos y Telégrafos, en su condición de prestador del servicio postal universal, para todos los procesos electorales que puedan convocarse durante este año 2023.
El acuerdo contempla las obligaciones del operador para facilitar y asegurar el voto por correo de los electores residentes en España, de los electores residentes ausentes, de los electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil embarcado o en situaciones opcionales vinculadas a la Defensa Nacional, así como de los internos en centros penitenciarios.
Además, el acuerdo regula las condiciones para los envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral y los dirigidos a las personas designadas como miembros de mesa, la recogida de la documentación electoral en la mesa y los envíos de propaganda electoral.
Todas estas obligaciones deberán llevarse a cabo, con carácter general, entre el día en que se publique la convocatoria de las elecciones y los cien días siguientes a la votación. La gestión y distribución de los envíos electorales tendrá carácter preferente respecto al resto de los envíos postales.
El acuerdo aprobado este martes es idéntico al de años anteriores salvo en lo referido al importe de las tarifas que, a instancias de Correos, van a tener una subida de un 4,28 por ciento para las selecciones locales y de un 4,45 por ciento para las elecciones generales. Este incremento en el gasto, algo más de 5,3 millones de euros, será asumido por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
