El Gobierno está ultimando un nuevo decreto de vivienda que se presentará el 29 de septiembre en el Consejo de Ministros. Este paquete de medidas surge tras el desahucio de Maricarmen y busca defender el derecho a la vivienda. Aunque el texto está en negociación, se espera que afecte principalmente a grandes inversores y pisos turísticos, pero también a pequeños propietarios con una o dos propiedades.
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el decreto debe abordar la problemática de los fondos buitres. Entre las propuestas se incluyen la prohibición de la compra especulativa por parte de estos fondos, la regulación del alquiler de temporada y el aumento del IVA al 21% para pisos turísticos. El acuerdo entre PSOE y Sumar contempla diez medidas, de las cuales al menos cuatro impactarán directamente en los pequeños propietarios.
Una de las medidas más controvertidas es la prórroga extraordinaria del alquiler. Según el texto en negociación, inquilinos con contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2028 podrán solicitar una extensión de hasta dos años, manteniendo las condiciones actuales. Esto implica que los propietarios no podrán recuperar automáticamente sus viviendas al finalizar el plazo pactado.
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El Gobierno también propone bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan el precio del alquiler, aunque los detalles sobre el porcentaje de bonificación y las condiciones aún no están definidos. Se espera que estas especificaciones se incluyan en el texto definitivo.
Además, se establecerán mayores controles sobre el alquiler de habitaciones y pisos turísticos. El Gobierno busca evitar contratos de corta duración en viviendas que funcionan como residencias habituales y plantea elevar el IVA al 21% para pisos turísticos, endureciendo las condiciones de publicidad en plataformas digitales.
En cuanto a desahucios, el Ejecutivo negocia nuevas medidas de protección para hogares vulnerables, lo que preocupa a los pequeños propietarios. El PNV ha propuesto que las prórrogas se limiten a casos en los que el inquilino esté al corriente de pago y reclama medidas específicas para proteger a los pequeños propietarios.
