El magistrado de la Audiencia Nacional califica de «graves» las constantes filtraciones a los medios y restringe el acceso a las grabaciones de los testigos para proteger la investigación.
MADRID (EFE). — El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un paso al frente para frenar la difusión de información confidencial en el marco del ‘caso Plus Ultra’, causa en la que se encuentra imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante la falta de competencias para instruir este asunto de forma directa, el magistrado ha instado formalmente a los juzgados de Madrid a abrir una investigación penal que permita identificar a los responsables de estas filtraciones.
En un auto dictado este jueves, Calama ha advertido con firmeza sobre «la gravedad de los hechos», señalando que la difusión de estos datos podría encajar perfectamente en delitos de revelación de actuaciones declaradas reservadas.
Un goteo constante de información reservada
Según subraya el magistrado, desde el momento en que se dio traslado de la causa a las partes personadas, se han venido sucediendo filtraciones «constantes e inmediatas» a los medios de comunicación.
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Esta situación alcanzó su «máxima expresión ayer» con la publicación generalizada de un nuevo informe policial vinculado al expresidente Zapatero. El juez ha hecho especial hincapié en que dicho documento contenía datos que resultan del todo «incompatibles con su publicación indiscriminada».
Tres medidas drásticas para blindar el proceso
Al constatar que los mecanismos actuales han resultado «insuficientes» para garantizar la reserva de las actuaciones, el juez Calama ha adoptado tres medidas urgentes con el fin de blindar el secreto externo y proteger tanto el éxito de la investigación como los derechos de los propios investigados:
- Creación de una pieza de «información sensible»: Se abrirá una pieza exclusiva que custodiará las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados. El acceso a este material estará restringido únicamente al juzgado y al Ministerio Fiscal.
- Restricción de copias a las partes: Las defensas y la acusación popular (agrupada bajo la dirección del PP) no recibirán copias en vídeo de los interrogatorios; en su lugar, se les facilitará la transcripción automática del programa de grabación. Si algún letrado necesita consultar un extremo específico del contenido audiovisual, deberá hacerlo presencialmente en la Secretaría del juzgado, al menos hasta la hipotética apertura del juicio oral.
- Centralización del acceso documental: Respecto a las acusaciones populares, solo la plataforma agrupada y dirigida por el Partido Popular tendrá acceso autorizado a los documentos.
«Todas estas medidas van dirigidas a preservar la eficacia de la investigación con el fin de evitar interferencias indebidas y asegurar la integridad de las diligencias que se practiquen», concluye el auto del magistrado.
