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El juez Ismael Moreno, a cargo de la investigación del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional, ha decidido remitir al Tribunal Supremo el contenido de la declaración voluntaria de Víctor de Aldama, un empresario vinculado a la trama que se investiga. En su testimonio, Aldama señala la implicación de varios miembros del Gobierno en actividades irregulares relacionadas con el cobro de comisiones ilegales.
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Durante su declaración, Aldama se presentó como un «conseguidor» y «nexo corruptor» entre las administraciones y la trama investigada. Según sus afirmaciones, mantuvo reuniones con dos vicepresidentas del Gobierno: Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y María Jesús Montero, titular de Hacienda. En el caso de Montero, el encuentro se llevó a cabo por videoconferencia.
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Los encuentros, según Aldama, estaban orientados a discutir la posibilidad de un rescate público para Air Europa, la aerolínea del grupo Globalia, donde él trabajó como consejero asesor. Esta revelación añade una nueva dimensión a las investigaciones en curso y plantea serias interrogantes sobre la conducta de altos funcionarios en relación con las operaciones de la empresa.
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La remisión al Tribunal Supremo sugiere que las implicaciones de Aldama podrían tener consecuencias significativas para los miembros del Gobierno mencionados, así como para el desarrollo del caso en su conjunto. La situación continúa evolucionando y se espera que las próximas semanas aporten más claridad sobre los hechos denunciados y las posibles repercusiones legales.
