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El magistrado de la Audiencia Nacional estima un recurso de Pablo Iglesias y cita a declarar el próximo 25 de junio al comisario José Manuel García Catalán y a otra funcionaria de Policía.
MADRID. – El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al comisario jubilado José Manuel García Catalán, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y a otra funcionaria del cuerpo en el marco de la causa que investiga las presuntas maniobras e investigaciones ilegales llevadas a cabo contra los cargos de Podemos entre los años 2015 y 2016, bajo el Gobierno del Partido Popular.
En un auto judicial adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso la Agencia EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha estimado el recurso interpuesto por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias —quien figura en la causa en calidad de perjudicado—. Con esta decisión, el magistrado revoca su negativa inicial y cita a declarar a ambos agentes el próximo jueves 25 de junio a las 10:15 horas.
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Investigación de una «guerra sucia» sin aval judicial
Las pesquisas del juez Pedraz tratan de esclarecer si, durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior (bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy), la cúpula policial impulsó investigaciones de carácter prospectivo, irregulares y carentes de todo aval judicial destinadas a perjudicar penal y políticamente a los diputados y fundadores de la formación morada.
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La causa se originó tras una querella de Podemos que abarca presuntos delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
El viaje a Nueva York como eje de las sospechas
El nombre de García Catalán, quien fue jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción antes de dirigir la UDEF, cobra especial relevancia por las sospechas de su presunta implicación directa en los intentos de incriminar a Podemos. Según los indicios analizados en el caso, el excomisario viajó a Nueva York en abril de 2016 con el presunto objetivo de recabar testimonios incriminatorios de un exministro del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, buscando armar una acusación de delito fiscal y financiación irregular contra los fundadores del partido.
Aunque el juez rechazó en primera instancia ampliar las imputaciones hacia este cargo policial, el recurso de Pablo Iglesias, que contó con el posterior respaldo de la Fiscalía, ha provocado que el instructor rectifique y determine la obligatoriedad de que comparezca como investigado para aclarar los hechos.
Esta resolución coincide temporalmente con el desarrollo en la propia Audiencia Nacional de las sesiones del «caso Kitchen», otra de las ramas judiciales que aborda el supuesto uso de estructuras parapoliciales con fines partidistas durante la misma etapa de Gobierno.
