Ocho años después de desalojar a Mariano Rajoy con la bandera de la ejemplaridad, el presidente del Gobierno queda atrapado por sus propios argumentos ante los frentes judiciales de José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez y su hermano David Sánchez
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Este lunes, 1 de junio, se cumplen ocho años de la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno y alteró de forma definitiva el tablero político español. Aquel movimiento parlamentario no solo desalojó al Partido Popular de Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, sino que inauguró una etapa política en la que el PSOE convirtió la lucha contra la corrupción en su argumento central de legitimidad. Ocho años después, Sánchez alcanza este aniversario atrapado por el mismo principio ético y político que le llevó al poder. Si en 2018 el PSOE defendió firmemente que el desgaste por corrupción debía acarrear consecuencias políticas inmediatas, hoy el presidente del Ejecutivo intenta contener el impacto de varios frentes judiciales que golpean directamente al entorno socialista mientras apela a la resistencia de su partido. Sobre el Gobierno, entretanto, sobrevuela tanto el fantasma de una nueva moción de censura como el de un adelanto de las elecciones generales.
La moción de censura contra Mariano Rajoy no se construyó sobre una condena penal al entonces presidente ni sobre una imputación personal, sino sobre el impacto institucional de la sentencia de Gürtel y la imposibilidad —según defendió con vehemencia el PSOE— de sostener un Gobierno erosionado por la sombra de la corrupción. En aquellos días de junio de 2018, los socialistas elevaron el listón de la exigencia política por encima del puramente judicial. Fue, de hecho, el entonces secretario de Organización y ahora a la espera de sentencia por el caso mascarillas, José Luis Ábalos, el encargado de actuar como rostro visible de aquel debate en el Congreso de los Diputados, donde llegó a resumir el momento con una frase que se convirtió en lema: «Ya no hay suposiciones, sino certezas». Además, Ábalos acusó directamente a Rajoy de haber «hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa».
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Un cambio de lógica argumental ante los tribunales
El PSOE defendía entonces que la asunción de la responsabilidad política no podía esperar bajo ningún concepto al final de los procedimientos judiciales. Ocho años después, Sánchez llega a este señalado aniversario instalado exactamente en la lógica contraria, arrastrando a un partido cada vez más conmocionado por los casos de corrupción que cercan al Gobierno y por la evidente falta de explicaciones de la dirección federal. Desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, pasando por el ‘caso Leire’ que señala a la propia organización socialista, hasta el caso Mascarillas que involucra de lleno a Ábalos, todos ellos constituyen frentes que tensionan al PSOE. Pese a la gravedad de los hechos, en el Palacio de la Moncloa niegan que estas causas cuestionen la legitimidad del Ejecutivo y optan por apelar de forma sistemática a la presunción de inocencia.
El principal problema político para Pedro Sánchez es que ya no se enfrenta únicamente a las críticas de la oposición parlamentaria; este lunes debe hacer frente a la incómoda comparación con su propio precedente histórico. En 2018, el argumento nuclear del socialismo era que la corrupción provocaba efectos políticos automáticos incluso antes de que existieran sentencias firmes. Hoy, por el contrario, el PSOE reclama a la opinión pública exactamente lo opuesto: diferenciar de forma nítida entre las responsabilidades judiciales y las institucionales, evitando extraer consecuencias políticas anticipadas.
Existe, asimismo, un elemento especialmente adverso en la comparativa temporal. La moción de censura de 2018 nació como una denuncia explícita contra la degradación institucional del poder del Estado. En cambio, el reciente auto judicial sobre el caso Leire eleva de forma notable el coste reputacional para las siglas del partido, por cuanto el juez instructor investiga si existió una estructura organizada y orientada de forma específica a interferir o desacreditar procesos judiciales que afectaban al entorno socialista. Esta causa permanece abierta y bajo investigación judicial, al igual que el caso Plus Ultra y el caso mascarillas. Este último introduce la paradoja de que quien se encuentra actualmente en prisión preventiva fue el principal arquitecto de la moción de censura que desalojó a Rajoy por motivos de corrupción. El aniversario de este lunes deja, por tanto, una imagen difícil de ignorar: Sánchez llega a los ocho años de mandato habiendo convertido la ejemplaridad en bandera y defendiendo ahora que gobernar consiste, sobre todo, en resistir.
Ocho años entre la moción y la estrategia de la «resistencia»
Los primeros años de Pedro Sánchez en la Moncloa estuvieron nítidamente marcados por la narrativa heredada de la moción de censura a Rajoy: la exigencia de ejemplaridad política e institucional como condición indispensable para poder ejercer el gobierno. Durante ese periodo inicial, el Ejecutivo impulsó una serie de medidas ligadas a la transparencia pública, limitó los aforamientos en el debate político, defendió la implantación de códigos éticos más exigentes y trató de ocupar de manera exclusiva el espacio de la limpieza institucional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de las legislaturas, el foco de atención empezó a desplazarse de manera inevitable.
Tanto en la primera legislatura como a principios de la actual, la principal fuente de desgaste para el Gobierno central fue de naturaleza distinta: la estricta dependencia parlamentaria de los partidos independentistas y nacionalistas. Desde la propia moción de censura de 2018, que salió adelante gracias al apoyo de ERC y del PDeCAT junto al resto de los socios de investidura, el presidente del Gobierno entró en una dinámica en la que prácticamente cada negociación legislativa pasaba de forma obligatoria por una cesión política. Aquella presión parlamentaria alcanzó su punto más álgido tras las elecciones generales de 2019 y, de manera muy especial, con la legislatura iniciada en el año 2023.
Los indultos concedidos a los condenados del procés, la posterior reforma del delito de sedición, los cambios normativos en el delito de malversación y, finalmente, la tramitación de la ley de amnistía se erigieron en el gran frente político de desgaste para Sánchez. El PSOE asumió el coste electoral e institucional de estas medidas bajo una idea repetida durante años desde la portavocía gubernamental: que estas decisiones respondían a una estrategia calculada de normalización institucional y búsqueda de la convivencia en Cataluña, y que el devenir del tiempo terminaría por validarlas ante la sociedad.
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Durante todo ese ciclo político, Moncloa consiguió convertir el debate territorial en el principal eje de confrontación con la oposición, logrando mantener relativamente a salvo el discurso de ejemplaridad con el que Sánchez había accedido originalmente al poder. No obstante, este escenario cambió de forma radical con el estallido del caso Koldo, un escándalo que afectaba de lleno al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Su fulminante caída política abrió una profunda grieta en la argumentación gubernamental, al obligar al PSOE a defender una posición mucho más incómoda que la que había sostenido años antes frente al PP: la necesidad de separar las responsabilidades políticas de las judiciales y el imperativo de evitar anticipar conclusiones penales antes de tiempo.
Cercado por los frentes judiciales
La presión política sobre el Ejecutivo ha vuelto a aumentar en los últimos meses con nuevos episodios, escalando con la apertura de otros frentes que ya no solo salpican a nombres concretos, sino que proyectan un persistente desgaste sobre las siglas del partido. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha añadido una dimensión diferente a la crisis: ya no se trata de una figura orgánica del actual Ejecutivo, sino de uno de los referentes políticos más relevantes del PSOE de Sánchez, quien le ha reivindicado de forma constante y explícita durante las últimas campañas electorales.
A esta circunstancia se ha sumado la presunta implicación del PSOE en el caso Leire, un asunto que ha elevado al máximo el nivel de preocupación en las filas socialistas porque introduce un riesgo reputacional directo para la propia organización política y tiene un efecto inmediato sobre la capacidad del Gobierno para mantener los apoyos parlamentarios y sostener la iniciativa política en las Cortes. La respuesta ofrecida por Moncloa ha sido, hasta la fecha, la diametralmente opuesta a la que defendía con vehemencia en 2018. Si entonces el argumento inquebrantable era que el mero desgaste exigía consecuencias políticas, hoy el Gobierno se ampara en la presunción de inocencia, en el respeto escrupuloso a los tiempos judiciales y en la conveniencia de no mezclar las investigaciones con la estabilidad institucional del país.
A todos estos frentes abiertos en el seno del partido habrá que añadir los que están por venir en las próximas semanas y que afectan de manera directa al entorno más íntimo y familiar del presidente del Gobierno. En los juzgados de Madrid continúa avanzando la investigación judicial en torno a su esposa, Begoña Gómez, quien ha sido convocada por el juez Juan Carlos Peinado para comparecer de forma presencial el próximo 9 de junio. A ello se suma, en el ámbito judicial extremeño, el proceso que afecta al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con su contratación laboral en la Diputación de Badajoz. Este procedimiento judicial comenzó formalmente el pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz y su finalización está prevista para el próximo 4 de junio, manteniendo el foco judicial sobre la familia del presidente en pleno aniversario de su llegada al poder.
