El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, ha sumado un nuevo nombre a la lista de imputados. Se trata de Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Con su inclusión, ya son cuatro las personas investigadas en esta causa, junto al empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño Juan José Güemes.
La decisión del magistrado ha generado controversia, dado que Álvarez había comparecido inicialmente como testigo en diciembre, asegurando que su trabajo consistía en gestionar correos electrónicos relacionados con los dos másteres y la cátedra que dirigió Gómez en la UCM. En aquel momento, el propio Peinado descartó cualquier implicación delictiva de la asistente. Sin embargo, en enero, el juez cambió su criterio y la imputó al considerar que existían nuevas pruebas que indicaban su posible participación en los hechos investigados.
Un patrón repetido en las imputaciones
Este giro inesperado en la situación de Cristina Álvarez no es un hecho aislado dentro del proceso. La misma secuencia se repitió anteriormente con otros investigados. Juan Carlos Barrabés, empresario cuya UTE fue beneficiaria de dos adjudicaciones públicas, declaró inicialmente como testigo y negó haber recibido trato de favor. Sin embargo, un mes después, Peinado ordenó el registro de su domicilio y lo imputó. Esta decisión le valió al juez una advertencia de la Audiencia Provincial, que le recordó que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.
Otro caso similar fue el del rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien también declaró como testigo a principios de julio. En su comparecencia, defendió la legalidad de la relación entre la universidad y Begoña Gómez. No obstante, semanas después, el juez lo imputó bajo la sospecha de que la Complutense habría dado un trato de favor a la esposa del presidente.
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Finalmente, el exconsejero madrileño Juan José Güemes también experimentó un cambio en su condición procesal. Convocado para declarar sobre la contratación de Gómez como directora del África Center del Instituto de Empresa (IE), Güemes aseguró que la selección se basó en criterios profesionales. No obstante, tras escuchar el testimonio de otra persona, el magistrado consideró que existían indicios suficientes para investigarlo formalmente.
La estrategia judicial de Peinado
Estos cambios en las imputaciones han despertado críticas sobre la estrategia del juez Peinado, quien parece prolongar la investigación de manera indefinida a base de modificar el estatus procesal de los testigos. La causa gira en torno a la sospecha de que Begoña Gómez pudo haber utilizado su posición para favorecer su carrera profesional, pero hasta el momento, ninguna de las declaraciones ha aportado pruebas concluyentes que lo confirmen.
La evolución de la investigación sigue en el centro del debate jurídico y político, con acusaciones de judicialización de la vida pública y uso de los tribunales para erosionar la imagen del Gobierno. Mientras tanto, Peinado continúa avanzando en su instrucción, ampliando el número de imputados en un proceso cuya resolución final aún se vislumbra lejana.
