El magistrado Juan Carlos Peinado otorga un plazo urgente a la Moncloa para remitir la documentación sobre las agendas y actividades de Begoña Gómez, advirtiendo de las posibles consecuencias legales por no cumplir.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha emitido una nueva providencia que coloca al Gobierno en una situación comprometida. En esta resolución, Peinado exige de manera categórica que la Moncloa remita, de forma inmediata, las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otros documentos clave relacionados con su actividad desde 2018. Esta demanda forma parte de la investigación en curso que examina posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos y la actuación de Gómez durante su vinculación con el Ejecutivo.
La solicitud incluye no solo los registros de las agendas, sino también los listados de las personas que la han acompañado en sus desplazamientos y las funciones específicas que ha desempeñado en sus roles dentro y fuera del ámbito institucional. En particular, se requiere información sobre la asesoría que ejerció en Moncloa, la nómina de su personal y detalles de sus desplazamientos públicos sufragados por el Estado. Este tipo de documentos son esenciales para determinar si las actividades de Begoña Gómez, en su calidad de primera dama, han cruzado la línea entre funciones públicas y tareas privadas que podrían haber utilizado recursos oficiales.
La providencia del juez subraya la urgencia del requerimiento, dado que en una resolución previa, emitida el 4 de noviembre, ya se había solicitado información detallada sobre los contratos de personal y los gastos incurridos en viajes y dietas relacionados con su actividad institucional. Sin embargo, hasta la fecha, Moncloa no ha entregado la documentación solicitada, lo que ha llevado al magistrado a advertir que la falta de cumplimiento podría derivar en un posible delito de desobediencia. La advertencia resulta clara: si el Ejecutivo no justifica adecuadamente su negativa o no proporciona los documentos dentro del plazo estipulado, se expondrá a sanciones legales severas.
Además de las agendas, Peinado ha solicitado que se entreguen los correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y los miembros de su entorno, los cuales se encuentran bajo custodia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta petición busca esclarecer si existieron posibles conexiones entre las funciones oficiales de la esposa del presidente y actividades privadas vinculadas a la causa. En el contexto de la investigación, los correos electrónicos se consideran pruebas esenciales para identificar si se pudo haber producido un uso indebido de la influencia política para gestionar intereses personales o privados.
La presión sobre el Gobierno aumenta conforme avanza la investigación, especialmente en un momento en el que el Caso Begoña Gómez está recibiendo una creciente atención pública y mediática. Los fiscales han comenzado a indagar si hubo malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, y uso indebido de recursos oficiales para beneficio personal. La incertidumbre en torno a los detalles de los viajes, reuniones y actividades privadas de Gómez, así como los vínculos con ciertos contratos públicos, está alimentando las sospechas de posibles delitos.
La resolución del juez Peinado resalta un tema central: la responsabilidad del Gobierno en garantizar que los actos de sus miembros, incluidos los de sus familiares más cercanos, se ajusten a las normas y regulaciones de transparencia. La Moncloa se enfrenta a la difícil tarea de justificar los actos de Begoña Gómez o, en su defecto, explicar de manera razonada la falta de documentos solicitados. La falta de cooperación o el intento de ocultar información podría traer consecuencias más graves para el Gobierno, tanto a nivel legal como en términos de su imagen pública.
La instrucción sigue su curso, y el resultado de las próximas semanas será crucial para determinar si la Administración de Pedro Sánchez se ve envuelta en un escándalo político que podría tener repercusiones importantes. Por lo pronto, el juez Peinado ha dejado claro que la ley debe prevalecer y que ningún actor institucional está por encima de la justicia. Los ojos del país siguen de cerca los próximos pasos en este caso que podría marcar un antes y un después en la relación entre la política y la gestión pública de recursos.
