Durante la rueda de prensa posterior a su viaje a Francia, el Pontífice cuestionó la lógica del mercado inmobiliario y la falta de amparo social ante el caso de la anciana de 87 años desahuciada en Madrid, instando a los líderes políticos a buscar «soluciones más justas».
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ROMA / MADRID — El impacto social por el desahucio de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro tras más de medio siglo residiendo en ella, ha alcanzado la esfera internacional. Durante la habitual rueda de prensa celebrada a bordo del avión papal en su viaje de regreso desde Francia a Roma, el papa Francisco se pronunció sobre lo sucedido y cuestionó las fisuras de un sistema que antepone la especulación financiera al amparo de las personas vulnerables.
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“¿Cómo es posible que un caso así suceda? (…) ¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa?”, reflexionó el Pontífice tras ser preguntado por los medios de comunicación españoles sobre la conmoción generada por este episodio.
«Un problema que exige soluciones a los líderes políticos»
Aunque admitió no conocer al detalle todos los condicionantes jurídicos del expediente particular, el Papa aprovechó la pregunta para realizar un diagnóstico de fondo sobre la crisis global de la vivienda y la presión inmobiliaria. A su juicio, situaciones como la vivida por la anciana madrileña evidencian un fallo ético y estructural que transciende el marco meramente legal o la acción de las instituciones eclesiásticas.
“El problema de la vivienda que existe en muchos países hoy es un problema que solo una parroquia, solo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar. Hay un desafío grande donde tenemos que exigir también a los líderes políticos y a las autoridades que busquen soluciones más justas”, defendió.
Un caso que ha agitado el debate político y social
El pronunciamiento del Papa se suma a la intensa sacudida social provocada por el lanzamiento de la anciana, ejecutado al cuarto intento por la Policía Nacional en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras años de litigio judicial. El conflicto se desencadenó tras la adquisición del inmueble por parte del fondo inmobiliario Urbagestión, que elevó la renta exigida hasta los 2.650 euros mensuales, una cuantía inasumible para la pensión de la afectada.
Pese a los intentos de paralización por parte de plataformas vecinales y del Sindicato de Inquilinas —que llegaron a proponer prórrogas e incluso el pago íntegro del alquiler por parte de terceros—, la orden judicial terminó ejecutándose entre momentos de gran tensión, saldándose con el traslado de la anciana en ambulancia.
Las declaraciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica vuelven a poner el foco en la urgencia de coordinar medidas de protección habitacional efectiva, la contención del precio de los alquileres y la necesidad de articular respuestas administrativas antes de que los conflictos deriven en la expulsión de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
