Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar a su vivienda en Sainz de Baranda, 46, gracias a un acuerdo alcanzado entre su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la empresa Urbagestión. El contrato de arrendamiento, regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendrá una duración de hasta ocho años y estipula que el alquiler no superará el 30% de los ingresos netos de Maricarmen.
El acuerdo se logró tras una reunión entre las partes y representantes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Ana de Miguel, consejera delegada de Urbagestión, confirmó que el contrato estará respaldado por el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que ofrecerá asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal a Maricarmen, y un seguro multirriesgo y de impago al propietario, con la EMVS como garante de los pagos.
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Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, indicó que aún falta la aprobación final de su clienta, quien permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Se espera que Maricarmen dé su visto bueno al acuerdo una vez que se le informe del mismo y se encuentre en condiciones de tomar una decisión.
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El caso ha sido calificado de «histórico» por Duro y Carolina Vilareño, portavoz del Sindicato de Inquilinas, quienes destacaron la importancia de la movilización social y sindical en la resolución del conflicto. Ambas abogaron por que este tipo de mediaciones se conviertan en una práctica habitual en los conflictos de vivienda.
El acuerdo, pendiente de la firma de Maricarmen, podría permitirle regresar a su hogar en cuanto reciba el alta hospitalaria. La abogada Duro subrayó la necesidad de que las administraciones públicas trabajen en alternativas habitacionales antes de que se produzcan desalojos.
