El magistrado Santiago Pedraz cita a declarar a la instructora Beatriz Biedma por un presunto delito de calumnias tras constatar indicios de campañas de desacreditación promovidas para paralizar la causa sobre el hermano del presidente.
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MADRID — El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire Díez, ha aceptado la personación de la jueza Beatriz Biedma en calidad de perjudicada y víctima de, “al menos, un delito de calumnia”. Biedma, que dirigió las investigaciones contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, condenado el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial de Badajoz—, solicitó personarse al considerar que la red bajo sospecha actuó deliberadamente para desacreditarla, investigarla de forma ilegítima y apartarla de la causa.
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En una resolución dictada este lunes, el juez Pedraz ha fijado la declaración de la magistrada para el próximo 8 de octubre a las 10:15 horas, contando con el respaldo parcial de la Fiscalía Anticorrupción.
Maniobras para «destruir el procedimiento»
El caso Leire Díez investiga la presunta trama articulada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, con el objetivo de boicotear y «desestabilizar» las causas judiciales abiertas contra cargos del partido y del entorno del Ejecutivo central.
Según los informes remitidos a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red persiguió de manera sistemática erosionar la credibilidad de jueces, fiscales y agentes. En el caso concreto de Badajoz, los investigadores hallaron anotaciones explícitas en las agendas de Díez como «Badajoz. Cuatro jueces de instrucción. Paso 1: Destruir procedimiento», lo que a juicio de la UCO constata la intención de provocar la parálisis del expediente mediante denuncias, recusaciones o campañas de desacreditación profesional.
Acusaciones de acoso e investigación sobre el entorno
En su escrito de personación, Biedma argumentó que la trama promovió actuaciones dirigidas a recabar información sobre su vida personal y profesional, activar quejas formales en su contra e intentar forzar su apartamiento de las diligencias. Asimismo, la magistrada trasladó su preocupación por informaciones que apuntaban a eventuales contactos de la red con entornos vinculados al narcotráfico local para obtener datos sobre su domicilio o hábitos cotidianos.
A este respecto, Biedma solicitó la apertura de una pieza específica sobre una anotación de la agenda atribuida a Díez («Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano»). Sin embargo, el juez Pedraz ha descartado por el momento abrir esa línea de investigación al no constar datos indiciarios suficientes en los atestados de la Guardia Civil, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal de no prospectar cada apunte manuscrito sin sustento probatorio añadido.
Con la citación de la jueza Biedma para el 8 de octubre, la Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre el impacto y los posibles delitos derivados de las supuestas presiones ejercidas contra los servidores de la justicia encargados de las causas que afectaban al entorno del Gobierno.
