El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado un proceso disciplinario contra un magistrado de una Audiencia Provincial tras descubrirse que utilizó inteligencia artificial para elaborar el borrador de una sentencia. El juez se enfrenta a una propuesta de sanción de quince días de suspensión y una multa de 501 euros.
El caso, adelantado por El Español, ha generado un debate sobre los límites de la tecnología en la administración de justicia, especialmente después de que el propio CGPJ aprobara el pasado enero una instrucción prohibiendo expresamente que la IA supla la labor jurisdiccional de los jueces.
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Un error de «copiar y pegar»
El uso de la herramienta salió a la luz debido a un descuido del propio magistrado. Según las fuentes judiciales, el juez olvidó eliminar del texto final las preguntas y consultas que había realizado a ChatGPT para obtener los argumentos de la resolución de la que era ponente.
El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Gonzalo Conde, sostiene que el magistrado:
- Presentó una «aparente sentencia» basada en análisis informáticos.
- Suministró a la IA actuaciones judiciales completas sin proteger los datos personales.
- Eludió su deber de motivación propia, entregando el texto al resto del tribunal sin advertir de su origen.
Posturas enfrentadas: Sanción vs. Archivo
La resolución del expediente no cuenta con una postura unánime dentro de las instituciones:
- El Promotor del CGPJ: Considera que hubo una «infracción del más elemental deber judicial de dictar sentencia y de lealtad», al sustituir el razonamiento humano por un algoritmo.
- La Fiscalía: Propone el archivo del expediente sin sanción, al considerar que no se ha producido una infracción disciplinaria tipificada.
La IA no puede sentenciar
Este expediente coincide con la reciente normativa del Poder Judicial (28 de enero) que establece que la IA nunca puede valorar hechos, pruebas ni aplicar el derecho de forma autónoma. El CGPJ insiste en que cualquier uso de estas herramientas debe contar con un «control humano, real, consciente y efectivo».
Además, se ha recordado a los miembros de la carrera judicial que solo tienen permitido utilizar aplicaciones de IA que hayan sido supervisadas y facilitadas oficialmente por las administraciones de Justicia o el propio órgano de gobierno de los jueces, garantizando así la confidencialidad y la ausencia de sesgos.
