El pasado sábado, el Partido Popular (PP) presentó en la clausura de una Convención sobre Familia e Igualdad, una propuesta incluida en su ’Ley de apoyo a la maternidad’ que plantea a las inmigrantes «sin papeles» que den en adopción a sus bebés para que no sean expulsadas de España durante el proceso de gestación, lo que no significaría un blindaje para toda su vida, como especifican desde el PP. Si después de dar a luz fuesen identificadas en una redada, serían expulsadas de vuelta a su país.
Si estás embarazada y das a tu bebé en adopción, no podrás ser expulsada de España si te encuentras en situación administrativa irregular, pero tan solo durante el proceso de gestación. Este es el proyecto que plantea el Partido Popular, dentro de su ’Ley de apoyo a la maternidad’. Desde el PP han manifestado que no entienden tanto revuelo, ya que confiesan que ni siquiera está redactada y que lo harán cuando lleguen al Gobierno.
Muchas han sido las críticas recibidas desde todo tipo de sectores a esta medida que pretende vincular maternidad, inmigración y aborto, y que ya funciona en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan, a través de un “protocolo contra el abandono de bebés”. Así, el PP se reafirma al ser preguntado y defiende esta propuesta que contempla que las mujeres en situación irregular que den en adopción a sus hijos o hijas no sean expulsadas de España inmediatamente
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha querido dejar clara su opinión a través de la red social Twitter con un mensaje: «Machistas. Racistas. Clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas». Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que esta medida se trata de acentuar «la desigualdad como elemento discriminatorio». Son «mujeres migrantes en situación difícil, en un país que desconocen, enfrentadas a dificultades, a quien se expone a desprenderse de lo más importante en estos momentos, a su hijo».
Indignación entre las asociaciones que lo califican de «chantaje»
Desde AmecoPress nos hemos querido poner en contacto con Amalgama, una asociación conformada por mujeres migrantes, para saber su opinión al respecto. Nos cuentan que al leer la noticia se han sentido “indignadas”, ya que “frivoliza y desprecia la vida y relaciona la posibilidad de estancia legal con la adopción”. Además, les parece que “es una política que implica violencia y vulneración de Derechos Humanos, ya que significa mercantilizar la vida y el derecho de ciudadanía. Es decir, no se pueden utilizar los derechos de las mujeres aprovechándose de una situación de extrema vulnerabilidad, o una situación de por sí injusta, con fines electoralistas”.
En Amalgama la califican de “chantaje, instrumentalizando el derecho a la vida y el derecho a la ciudadanía por una oferta electoral”.
De manera clara, la asociación cree que esta propuesta “expresa una posición y una visión del mundo clasista y racista porque no es considerar a las mujeres extranjeras como sujetos de Derechos Humanos, y eso también pone en evidencia un desconocimiento del marco normativo vigente, incluso a nivel europeo, y el marco normativo en España”.
Debemos recordar que ya existe un artículo que impide la expulsión de mujeres migrantes en situación administrativa irregular si supone un peligro para su salud. Esto aparece ya en la Ley de extranjería, por lo que aquello que propone Pablo Casado sería añadiría esa “condición” de entrega voluntaria de su descendencia a algo que ya está protegido. Por otro lado y según profesionales, esta medida también entraría en coalición con derechos fundamentales como el artículo 13 de la Constitución española que garantiza las libertades públicas de las personas extranjeras en España o el artículo 18 y el derecho a la intimidad personal y familiar.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Artículo 57 Expulsión del territorio
6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre.
Por ello, hemos querido hablar con Teresa Fernández, abogada de la organización internacional sin ánimo de lucro Women’s Link Worldwide para tener una visión jurídica del asunto. La abogada nos cuenta que desde la organización creen que “se tiene que abrir el foco. Está totalmente tergiversado lo que está haciendo el Partido Popular porque aquí lo importante es que los Derechos Humanos de las mujeres migrantes no pueden depender de su estatus; y hay que tener en cuenta que las mujeres a lo largo de toda su vida van teniendo una serie de necesidades sexuales y reproductivas, que pueden ser los controles natales, pos-natales, atención en el parto, acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo… Tienen que ser protegidas y atendidas por parte de las autoridades”.
Fernández cree que “el enfoque del Estado tiene que ser uno de Derechos Humanos que no se condicione al estatus migratorio y que se centre en la protección de las mujeres de manera integral, y eso esta ley del PP no lo está haciendo y es algo que en general no estamos viendo en las leyes migratorias ni a nivel nacional ni a nivel europeo”. Es por ello que afirman que debe haber un “enfoque de Derechos Humanos y de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres”.
Esta medida “no tiene en cuenta la normativa que ya existe a nivel internacional. No enfoca la situación desde una perspectiva integral. Se centra en un aspecto pequeño y no tiene en cuenta la realidad de las mujeres y de los derechos que tienen”. La propuesta de ley “no sería necesaria porque ya están protegidas las mujeres embarazadas frente a una posible expulsión. En todo el Marco de Derechos Humanos que se aplica en España, que existe a nivel internacional, hay un principio fundamental que es el que no puedes expulsar a una persona a su país de origen cuando esa expulsión pueda suponer un riesgo para su vida, salud, integridad física o psíquica. Eso también se recoge en nuestra ley, son estándares de Derechos Humanos que el Estado Español tiene que garantizar. Entonces, una expulsión a una mujer en gestación en la que la misma medida pueda suponer un riesgo para ella no estaría amparada por los Derechos Humanos y no se podría hacer”.
Desde Women’s Link han identificado una de las situaciones que padecen las mujeres migrantes en nuestro país, la separación de sus hijas e hijos, problemática en base a estereotipos y prejuicios, un problema más que denuncian que aparece al mirar la situación desde un enfoque general y no desde una mirada transversal. Si quieres leer más sobre ello, pincha aquí para ir al informe.
