El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha formalizado una moción en el Senado dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su «incompetencia» y «utilización partidista» del Ministerio. La iniciativa, que se debatirá la próxima semana, pone el foco en la huelga médica y la gestión del Estatuto Marco de Sanidad, que cuenta con el rechazo frontal de todas las categorías profesionales sanitarias.
La ofensiva del Partido Popular contra la ministra de Sanidad se centrará en el Pleno del Senado del próximo martes 16 de diciembre. La moción, registrada por el GPP, busca la reprobación de Mónica García argumentando una gestión marcada por el «desprecio absoluto» hacia los profesionales sanitarios y una «falta de diálogo» que ha dinamitado cualquier posibilidad de negociación.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, explicó que el principal foco de la denuncia es la paralización en la tramitación del Estatuto Marco de Sanidad, cuya gestión demuestra la «falta de diálogo y rigidez» del Ministerio.
Rechazo unánime al borrador del estatuto
El PP señala que el borrador del Estatuto Marco ha sido rechazado sistemáticamente por los representantes profesionales que participan en la negociación. Las críticas de los sanitarios se centran en varios puntos clave que el Gobierno no ha querido atender:
- Clasificación de los grupos profesionales.
- Jornadas de guardia.
- Régimen de incompatibilidades.
- Jubilación voluntaria.
- Mejoras en las retribuciones.
La portavoz García recalca que esta situación ha generado un «enfrentamiento frontal» con los profesionales, incrementando su frustración y provocando el impacto negativo de sus paros en la actividad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las CCAA exigen empezar «de cero»
La iniciativa popular también recoge la posición de la mayoría de las comunidades autónomas. Las CCAA, que son las responsables de poner en marcha el marco normativo, han solicitado al Gobierno central que retire «con inmediatez» el borrador actual y exigen iniciar «desde cero» una reforma del Estatuto Marco que esté verdaderamente consensuada y basada en el diálogo.
Las autonomías han solicitado memorias técnicas, jurídicas y económicas que sustenten cada modificación de la “Ley 55/2003” y han pedido que se garantice una financiación realista y adecuada a las necesidades planteadas por los profesionales.
Alicia García advierte que una negativa del Ministerio al planteamiento de las comunidades autónomas solo servirá para empeorar la crisis y la tensión existente con el sector sanitario.
