MADRID — El Partido Popular, que ejerce como acusación popular unificada en el conocido como ‘caso SEPI’, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; de su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos; y del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas. El escrito de los populares acusa a los tres mandos de una «presunta colaboración con las cloacas del PSOE» para sabotear investigaciones judiciales con afectación política.
La petición de nuevas diligencias ha sido presentada ante el Tribunal Central de Instancia número 5 después de que los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) desvelaran reuniones, borrado de mensajes telefónicos y presuntas directrices para frenar la proactividad de los agentes en causas que afectaban directamente al entorno del Gobierno, como el caso del hermano del presidente Pedro Sánchez.
Mensajes borrados y una investigación interna exprés
Los hechos que sustentan la petición de imputación se remontan a mayo de 2025, concretamente la mañana en que un medio de comunicación publicó conversaciones de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Según el informe ampliatorio remitido al juez Santiago Pedraz, la UCO detectó los siguientes movimientos bajo sospecha:
- Activación del borrado automático: El 11 de mayo de 2025, Mercedes González intercambió mensajes con la considerada ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez. Los investigadores resaltan que, a las 9:16 horas de ese día, la directora general activó en la aplicación el borrado automático de mensajes con una cadencia de 24 horas.
- Presiones a la UCO: Apenas dos horas después de esa comunicación, el DAO, Manuel Llamas, citó en una cafetería al jefe de Seguridad del cuerpo para ordenarle abrir una investigación interna de urgencia dirigida a localizar al supuesto «filtrador» de los mensajes dentro de la UCO.
Cuatro días más tarde, el propio jefe de la UCO reconoció que el instructor del expediente interno le había confesado que el DAO «estaba recibiendo muchas presiones políticas» para reactivar la caza de brujas, una maniobra que finalmente fue frenada en seco por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
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Órdenes de «ponerse de perfil» ante casos políticos
El escrito del PP incide de forma severa en que tanto el exdirector Leonardo Marcos como el DAO, Manuel Llamas, llegaron a ordenar a diversos mandos de la UCO «ponerse de perfil» y rebajar la proactividad en aquellas causas penales con «afectación política». Todo ello, según la acusación, mientras la directora general mantenía hasta tres reuniones presenciales con una Leire Díez que presumía en privado de tener un «control absoluto» sobre Mercedes González.
Investigaciones paralelas: Este nuevo frente judicial coincide con la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como testigos a los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera (mano derecha del Fiscal General, Álvaro García Ortiz) para que aclaren por qué mantuvieron también reuniones con la propia Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado.
