La Mesa del Senado rechaza las excusas del Gobierno y ratifica los días 12, 13 y 17 de agosto para que los ministros den explicaciones sobre la crisis fronteriza.
La tensión institucional entre el Gobierno y el Senado ha alcanzado un nuevo máximo a cuenta de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha remitido una advertencia formal a los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), avisándoles de las consecuencias legales a las que se enfrentan si no comparecen los días 12, 13 y 17 de agosto, tal y como está fijado en el calendario parlamentario.
La postura del Senado se produce tras la solicitud enviada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la que pedía desconvocar dichas citaciones. El Ejecutivo justificaba su petición alegando falta de tiempo para preparar las intervenciones y argumentando que resulta un «sinsentido» duplicar explicaciones, dado que los titulares ministeriales ya tienen previsto intervenir en el Congreso de los Diputados a finales de agosto.
Rechazo tajante a los argumentos del Ejecutivo
En una carta dirigida a la Secretaría de Estado, Pedro Rollán ha acusado duramente al Gobierno de intentar «escamotear» el control parlamentario que le corresponde a la Cámara Alta —donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta—. Rollán tildó la actitud gubernamental de «falta de cortesía política» y rechazó que no haya margen de preparación, recordando que los sucesos de la entrada masiva en Ceuta ocurrieron los pasados 30 y 31 de julio, tiempo más que suficiente para recabar la información necesaria.
Asimismo, desde la Presidencia del Senado sostienen que la reacción del Ejecutivo al solicitar comparecencias en el Congreso responde únicamente a una maniobra reactiva después de que la Cámara Alta tomara la iniciativa de la fiscalización.
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Un choque constitucional en pleno agosto
Con este movimiento, la Mesa del Senado reafirma la vigencia de las fechas aprobadas e insiste en que las incomparecencias solo podrán aceptarse si media una justificación debidamente acreditada, advirtiendo de que, de lo contrario, se incurriría en responsabilidades legales.
El órgano legislativo defiende su autonomía constitucional para exigir cuentas de manera inmediata sobre lo ocurrido en el perímetro fronterizo de Ceuta, rechazando supeditar su labor fiscalizadora a la agenda o los tiempos fijados en el Congreso.
