MÉRIDA. — El tribunal de la Audiencia de Badajoz resolverá este lunes las cuestiones previas planteadas en el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano decidirán si aceptan o rechazan las peticiones de las defensas, que han solicitado la nulidad de la investigación y la prescripción de parte de los hechos delictivos.
En el banquillo de los acusados se sientan David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial. Todos ellos están procesados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Tanto para Sánchez como para Gallardo, la Fiscalía y las acusaciones solicitan una pena de tres años de prisión.
El debate entre «investigación prospectiva» y «cristalización progresiva»
Las defensas han fundamentado sus peticiones de nulidad alegando que la causa penal se ha convertido en una «investigación prospectiva» (aquella que busca delitos sin un indicio claro previo). Sostienen que la denuncia inicial presentada por el sindicato Manos Limpias en junio de 2024 —que comenzó rastreando el patrimonio de David Sánchez y un supuesto absentismo laboral— se sustentaba únicamente en «recortes de prensa».
Por el contrario, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones rechazan este argumento y defienden la legalidad del proceso bajo el concepto jurídico de «cristalización progresiva», afirmando que la investigación judicial fue hallando indicios sólidos de manera legítima a medida que avanzaba.
Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas por los abogados defensores destacan:
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- Derecho a la intimidad: Denuncian el análisis masivo de miles de mensajes de correos electrónicos durante la instrucción.
- Tutela judicial efectiva: Sostienen que se han investigado hechos que no forman parte del objeto real de este juicio.
- Falta de interrogatorio: La defensa de Miguel Ángel Gallardo señala que su representado «nunca fue interrogado» durante la fase de instrucción respecto a la contratación de Luis Carrero (amigo de David Sánchez y también investigado en la causa).
Asimismo, los letrados de la defensa argumentan que el supuesto «absentismo laboral» de David Sánchez no constituye un delito de carácter penal y que el presunto delito por aceptación de un nombramiento ilegal ya habría prescrito.
Las acusaciones mantienen que el puesto «se creó para él»
Por su parte, las acusaciones populares declinaron presentar cuestiones previas en el arranque del juicio. Sostienen que David Sánchez era plenamente consciente de que el puesto de coordinador de actividades transfronterizas «se había creado para él» y afirman que las entrevistas al resto de los aspirantes que se presentaron a la convocatoria pública fueron «un mero paripé».
Según el calendario de sesiones establecido, el orden de las declaraciones dejará el plato fuerte para el final: David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo declararán en último lugar, una vez que hayan comparecido los otros nueve acusados y los 42 testigos citados en el proceso.
