La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional y EUROPOL, destapó los vínculos con una red de personas físicas y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de los inmuebles en nuestro país
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han embargado en España decenas de inmuebles valorados en cerca de 25.000.000 de euros, presuntamente adquiridos con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia en el que se defraudaron más de 230 millones de dólares.
Se trata de la primera explotación operativa en España del conocido como caso Magnitsky, un fraude que se inició con la sustracción de documentación a empresas relacionadas con un fondo de inversión ruso con el que los funcionarios corruptos que la efectuaron reclamaron de forma fraudulenta una devolución millonaria la Hacienda Pública rusa.
La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Un fraude millonario en Rusia
Con el objeto de aclarar las diferentes operativas de blanqueo detectadas, la Policía Nacional emitió más de 40 informes a través de los cuales se ha acreditado la recepción de fondos en nuestro país, con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente del conocido como caso Magnitsky, un caso de corrupción en Rusia que originó la sustracción de unos 230 millones de dólares cometido por altos cargos públicos.
La investigación realizada en España ha detectado una red de personas físicas -en su mayoría son ciudadanos rusos sin apenas vinculación con nuestro país- y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de inmuebles. Además, se han detectado personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo con fondos provenientes de esta trama.
Analizadas más de 1000 cuentas bancarias en España
Se han observado dos modus operandi. Por un lado, el dinero procedente del fraude habría llegado directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España para la adquisición de las propiedades. Por otro, se han utilizado inmobiliarias españolas, con fuertes vinculaciones con el mercado ruso, las cuales actuaron de intermediarias, tanto para la recepción de los fondos a través de sus propias cuentas bancarias, como gestionando la localización y compra de los bienes.
El equipo de investigación de Policía Nacional adscrito a la Fiscalía Especial, se encuentra analizando más de 1000 cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados, en una investigación sin precedentes por la cantidad de información que se maneja.
Hasta el momento se han reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles cuyo valor de adquisición asciende a casi 25 millones de euros.
Durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que además se desplazó ex profeso a la Isla de Tenerife para servir de apoyo a los investigadores actuantes y analizar otros posibles vínculos con corrupción que pudieran existir.
Asimismo, se han tramitado cinco Órdenes Europeas de Investigación y una Comisión Rogatoria Internacional y, se ha solicitado a través de EUROJUST información a 12 países que forman parte de dicha institución. Fruto de esta operación se ha detenido por el momento a una persona en la Isla de Tenerife y se han llevado a cabo 4 diligencias de entrada y registro. Los agentes han intervenido abundante documentación en formato físico y digital, documentos que tras un primer análisis confirmaría las hipótesis de investigación seguidas por los investigadores. También se han intervenido unos 30.000 euros en efectivo y diversas joyas.
Como consecuencia de esta explotación operativa se ha solicitado el embargo de otros tres inmuebles, de dos vehículos de alta gama y de 19 cuentas bancarias vinculadas con la detenida. No se descartan futuras detenciones ni nuevas actuaciones policiales y judiciales vinculadas con los hechos investigados en la operación.
