Madrid, 6 de mayo de 2026 — Poner fin a la pobreza en España es un objetivo financieramente alcanzable, pero requiere una inversión anual de 24.000 millones de euros. Esta es la principal conclusión del informe ‘Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios’, presentado hoy por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El estudio revela que, aunque la pobreza extrema se ha reducido un 28% en la última década (2015-2025), la vulnerabilidad sigue siendo una realidad estructural: el 19,5% de la población continúa en riesgo de pobreza y un 8% sufre exclusión severa.
La paradoja del «trabajador pobre»
Uno de los datos más alarmantes del informe es que el empleo ya no es un escudo infalible contra la exclusión. Un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España tienen un trabajo.
Te interesa
- Precariedad laboral: La tasa de pobreza entre ocupados se sitúa en el 11,6%.
- Diferencias regionales: Mientras que en Navarra la probabilidad de ser pobre teniendo empleo es del 6%, en Andalucía esta cifra escala hasta el 17,4%.
- Brecha de género: La situación de las mujeres ha empeorado comparativamente. En 2025, el 20,3% de las mujeres están en riesgo de pobreza, frente al 18,6% de los hombres, invirtiendo la tendencia de hace diez años.
Desigualdad territorial: El coste de la solución
El esfuerzo económico necesario para eliminar la pobreza varía drásticamente según la comunidad autónoma, reflejando una España a dos velocidades:
| Región | Inversión necesaria (% del PIB regional) | Tasa de riesgo de pobreza |
| Andalucía | 3,9% | 27,7% |
| Extremadura | (Alto impacto) | 26,2% |
| Madrid | (Bajo impacto) | 12,7% |
| País Vasco | 0,6% | 9,3% |
«Acabar con la exclusión más severa (rentas por debajo del 40% de la mediana) tendría un coste mucho más reducido: 8.800 millones de euros, apenas un 0,7% del PIB», explican los autores del estudio, Carmen Herrero, Antonio Villar y Carlos Albert.
Jóvenes y mujeres, los colectivos más vulnerables
El informe destaca que, mientras la pobreza entre los mayores de 65 años se mantiene en niveles bajos gracias al sistema de pensiones, los jóvenes y trabajadores con contratos temporales registran los mayores índices de exclusión.
Para revertir esta situación, los expertos del Ivie urgen a las administraciones a reforzar los instrumentos de protección social y mejorar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades, garantizando que las ayudas lleguen de forma eficiente a quienes, a pesar de tener un sueldo, no logran llegar a fin de mes.
