Madrid, 6 de mayo de 2026 — La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a una supuesta orden directa suya para impedir que la Fiscalía Anticorrupción redujera la petición de condena para el empresario Víctor de Aldama. «No me mostré en contra», ha aclarado tajante este miércoles a su llegada a un acto de la Fiscalía Europea.
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La polémica surge tras la presentación de las conclusiones definitivas en el juicio por los amaños en contratos de material sanitario durante la pandemia, que se celebra en el Tribunal Supremo. A pesar de la colaboración de Aldama con la justicia, Anticorrupción ha decidido mantener su petición de 7 años de cárcel para el empresario.
Versiones encontradas y debate interno
La aclaración de Peramato intenta zanjar los rumores sobre un presunto enfrentamiento con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según fuentes fiscales, aunque existieron conversaciones internas —propias de cualquier proceso de esta envergadura—, en ningún caso hubo «órdenes o presiones» desde la cúpula para evitar que se aplicara una atenuante muy cualificada al empresario.
Sin embargo, el mantenimiento de las penas ha provocado una reacción inmediata en el arco político:
- Alberto Núñez Feijóo: El líder del PP ha calificado de «escándalo» que la Fiscalía no haya premiado la colaboración de Aldama, sugiriendo una posible motivación política para evitar que el empresario profundice en sus revelaciones.
Peticiones de pena definitivas
Mientras Peramato realizaba estas declaraciones, Alejandro Luzón ratificaba en el Supremo las solicitudes de condena para los principales implicados en la trama:
| Acusado | Cargo / Rol | Petición de Cárcel |
| José Luis Ábalos | Exministro de Transportes | 24 años |
| Koldo García | Exasesor ministerial | 19 años y medio |
| Víctor de Aldama | Empresario / Comisionista | 7 años |
El papel de la Fiscalía General
Peramato, aunque evitó entrar en detalles técnicos del caso, insistió en que muchas de las informaciones publicadas en los últimos días «no se ajustan a la realidad». Con este desmentido, la fiscal general intenta proteger la autonomía de Anticorrupción, que sostiene que el nivel de colaboración de Aldama no ha sido suficiente para modificar su postura inicial tras el desarrollo de la vista oral.
