En 2026, el sistema fiscal español experimentará cambios significativos que buscan simplificar obligaciones para los contribuyentes y promover la transición ecológica del país. Entre las novedades más destacadas, los perceptores de la prestación por desempleo quedarán exentos de presentar la declaración del IRPF, mientras se amplían las ventajas fiscales para la eficiencia energética y la adquisición de vehículos eléctricos.
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Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta medida responde a la necesidad de evitar que las normas del ámbito social, como la Ley General de la Seguridad Social, modifiquen obligaciones tributarias ya existentes para los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Esta exención se suma a la ya aplicada para el año 2024, consolidando la supresión de la obligación en 2026.
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En paralelo, se mantienen las deducciones fiscales vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Las reformas de viviendas o edificios para mejorar la eficiencia energética contarán con deducciones de entre el 20% y el 60%. Asimismo, se prorrogan los incentivos de hasta el 15% para la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, incluyendo las inversiones en infraestructuras de recarga y autoconsumo energético renovable.
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España también deberá implementar la subida fiscal del diésel a comienzos del año, cumpliendo con los plazos establecidos por la Comisión Europea para recibir los fondos del programa ‘Next Generation EU’.
Por otro lado, la entrada en vigor del sistema de facturación verificable ‘Verifactu’ se aplaza hasta 2027, dando más tiempo a las empresas y autónomos para adaptarse a esta herramienta de digitalización y control fiscal.
Finalmente, se mantienen exenciones y ayudas para los afectados por desastres naturales, como los incendios forestales y la dana de octubre de 2024, incluyendo beneficios fiscales para profesionales, empresas y entidades sin personalidad jurídica que hayan sufrido daños.
Estas medidas buscan, en conjunto, simplificar la tributación, incentivar la sostenibilidad y reforzar la protección económica frente a situaciones extraordinarias, marcando un 2026 de transformación fiscal y ecológica en España.
