En un caso que ha generado indignación y preocupación, un hombre condenado por abuso sexual a una niña en Cádiz sigue en libertad debido a un fallo en la notificación judicial. La Audiencia Provincial de Cádiz no logró entregar correctamente el requerimiento que le prohibía acercarse a su víctima a menos de 400 metros, lo que ha permitido que el condenado continúe en la calle.
El abogado de la familia de la niña, Juan Manuel Espinosa, ha expresado su frustración ante este «fallo burocrático». Según Espinosa, el hombre fue visto en las puertas del colegio de la víctima apenas tres meses después de ser condenado a dos años de cárcel y siete de alejamiento. Este incidente subraya la importancia de un sistema judicial eficiente y preciso para proteger a las víctimas.
Admisión de Culpabilidad
La sentencia de conformidad fue emitida el 26 de junio por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz. En ella, el hombre admitió haber abusado de la niña en su casa, donde había ido por ser amiga de su hijo. Esta admisión buscaba limitar su pena a dos años de prisión, con la condición de cumplir con las medidas impuestas, como el alejamiento de la víctima.
Sin embargo, en septiembre, la madre de la niña lo vio cerca del colegio, lo que llevó a su detención. En el juicio rápido posterior, tanto la familia de la víctima como la Fiscalía solicitaron su ingreso inmediato en prisión. No obstante, el hombre alegó no haber recibido la notificación judicial con la orden de alejamiento, lo que complicó su encarcelamiento.
Complicaciones Judiciales
El juzgado de instrucción solicitó a la Audiencia Provincial la notificación oficial firmada. Sin embargo, la Audiencia confirmó que ni se le hizo firmar tras la lectura de la sentencia, ni se le envió por escrito posteriormente. Esta falta de documentación impidió que el juzgado atendiera la petición de prisión solicitada por las acusaciones.
El abogado de la familia ha señalado que el hombre ha vuelto a quebrantar la orden de alejamiento y aún no ha recibido el requerimiento oficial. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de solucionar estos errores para evitar que el condenado actúe con impunidad.
La protección de la infancia depende de un sistema judicial que funcione correctamente y garantice la seguridad de las víctimas. Este caso es un recordatorio de que cualquier fallo en el proceso puede tener consecuencias graves para quienes más necesitan protección.
