Ante la previsión de que el Gobierno pueda lanzar un Real Decreto Ley contra la sequía, la organización lanza el decálogo de medidas que debería recoger
Ante la actual y grave sequía que padece España, Greenpeace se adelanta a un posible real decreto ley y presenta 10 medidas que deberían ponerse en marcha inmediatamente para afrontar la presente sequía, así como las venideras y, en general, la crisis del agua, en la que ya estamos inmersos. Lamentablemente, si no frenamos el cambio climático, los fenómenos extremos como la sequía van a ser cada vez más frecuentes y devastadores. España estará entre los países europeos más castigados por este tipo de fenómenos extremos, lo que afectará mucho las condiciones de vida, la salud e incluso el modelo productivo, muy en particular, del sector agroalimentario.
Hasta ahora, los reales decretos aprobados por sequías, el último en 15 de marzo de 2022, están aprobados de urgencia ante estos periodos y contemplan únicamente medidas en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico. Son necesarias pero tienen una visión cortoplacista que ayuda a paliar los impactos de la sequía de manera momentánea pero no prepara a la agricultura y la ganadería para los impactos que, sin duda, sufrirán a futuro. Asociada a esta creciente escasez, existe una mala gestión histórica de este recurso, lo que ha llevado, entre otras cosas, a su contaminación, en particular por nitratos y otros contaminantes, haciéndola, en muchos sitios ya, inservible para consumo humano. Por ejemplo, según los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), entre 2016 y 2021 se detectó contaminación por nitratos por encima del máximo legal en el agua de consumo de 411 pueblos.
«Si no frenamos la emergencia climática, nos enfrentaremos a condiciones cada vez más difíciles y, sin duda, la falta de agua será de las peores, porque todo depende de ella», ha afirmado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. «Es necesario que se actúe con urgencia y valentía, con medidas ambiciosas y, para algunos sectores, duras. Por ello, desde Greenpeace pedimos un plan de choque ante la sequía. Ante las sequías.»
Este mes de abril ha sido el más seco desde que hay registros, es decir, desde hace más de 60 años. No ha habido un mes de abril con tan pocas precipitaciones, humedad relativa y temperaturas tan altas. Las reservas hídricas de agua embalsada han alcanzado el 49%, 18 puntos menos que hace 10 años en las mismas fechas. Vemos ya las consecuencias de esta falta de agua, lo vemos en Andalucía y Cataluña, donde más de 220 municipios tienen ya restricciones en el uso del agua importantes, y vemos cómo la agricultura de secano y la ganadería extensiva están teniendo problemas con la falta de agua en sus cosechas. Paradójicamente, vemos también en este contexto hechos alarmantes, como el del Gobierno Andaluz, que quiere perpetuar un modelo nefasto en el entorno del Parque Natural de Doñana con la legalización de alrededor de un millar de hectáreas de regadío ilegal, medida contraria a la dirección adecuada. No podemos seguir ampliando la demanda de un recurso que va a ser cada vez más escaso.
Por ello, desde Greenpeace, pedimos que el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos, dentro de sus competencias, adopten medidas que permitan afrontar, de forma estructural, la crisis del agua. Estas son las verdaderas medidas que deberían estar en un Real Decreto de Sequía:
- Establecer un plan para la reducción de la superficie de regadío, principalmente el intensivo e industrial, primando el agua para consumo humano, los caudales ecológicos y los cultivos para consumo directo humano. Revisar la conversión de cultivos de secano a regadío.
- No permitir ningún nuevo proyecto altamente demandante de agua (de ocio, urbanismo, hotelero…) en zonas con problemas históricos de suministro.
- Mejorar el control del uso ilegal de agua, especialmente con la localización de todos los pozos ilegales, para su vigilancia y cierre en los casos que no puedan legalizarse.
- Descartar la construcción de más infraestructuras hidráulicas, como embalses o trasvases. Las desaladoras deben limitarse a situaciones excepcionales.
- No conceder ninguna concesión ni autorización a nuevas instalaciones de ganadería intensiva o a la ampliación de las existentes y reducir, empezando ya en 2023, de forma progresiva, la cabaña ganadera en intensivo, con el fin de alcanzar un 50% menos para 2030.
- Establecer una hoja de ruta para la transición hacia la agroecología, de cara a garantizar que, al menos, un 30% de la superficie cultivada sea en ecológico para 2030. En las zonas más críticas, como Doñana, Mar Menor o las Tablas de Daimiel, entre otras, esta transición debe ser acelerada.
- Establecer perímetros de protección, una figura contemplada en la Directiva Marco del Agua, eficaces en todas las zonas de captación de agua para consumo humano, que permita preservarlas en buenas condiciones tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
- Integrar en el Código Técnico de la Edificación la obligación de que todos los nuevos edificios incorporen medidas de ahorro de agua y, especialmente, de reutilización de las aguas grises para uso en las cisternas, así como para el riego de zonas verdes.
- Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal —que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos— para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección del suelo y del agua (gestión ecohidrológica).
- Adoptar de forma inmediata la «dieta de salud planetaria», priorizando alimentos de origen vegetal frente a los de origen animal, en todos los comedores colectivos públicos e institucionales. La carne y otros productos de origen animal son los alimentos que más agua necesitan para su producción
«Y, por supuesto, detener las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar la emergencia climática, algo que ya va por delante de cualquier medida. Nos acordamos de lo importante que es el agua cuando empieza a faltar. Urge un cambio profundo en el sistema agroalimentario, el mayor consumidor de agua en España y en el mundo. España no puede seguir siendo la huerta de Europa ni la macrogranja del mundo», explica el responsable de agua en Greenpeace, Julio Barea. «La gestión del agua en España se ha basado en una oferta ilimitada, por insostenible que ésta sea, basada en la construcción de embalses, trasvases, canalizaciones y grandes obras hidráulicas, sin solucionar el tema de la falta de agua en los periodos de sequía. Es vital cambiar la visión errónea de que el agua es un recurso ilimitado y las políticas públicas deben ir dirigidas al ahorro, la prevención de la contaminación y la mejora de los sistemas de depuración».
