El buque italiano Libra, utilizado por el gobierno de Giorgia Meloni, ha atracado en el puerto albanés de Shëngjin con ocho migrantes a bordo. Estos serán sometidos a chequeos médicos antes de ser trasladados a centros de internamiento en Albania, como parte de un acuerdo entre Italia y Albania.
Este acuerdo permite que las autoridades italianas gestionen las solicitudes de asilo y posibles repatriaciones desde territorio albanés. Las instalaciones en Shengjin y Gjader están bajo control italiano, mientras que las fuerzas de seguridad albanesas vigilan el perímetro exterior.
La medida ha sido criticada por la oposición y juristas, quienes argumentan que el plan es inconstitucional y costoso. Según Angelo Bonelli, colíder de la Alianza Verdes-Izquierda, el traslado de cada migrante cuesta 36.000 euros, lo que considera un despilfarro de dinero público.
El Tribunal de Roma había ordenado previamente el regreso de los migrantes a Italia, alegando que sus derechos fueron vulnerados al ser enviados a países no considerados seguros. Sin embargo, el gobierno de Meloni aprobó un decreto para sortear este veto judicial.
Riccardo Magi, líder del partido Más Europa, ha calificado el plan como una operación de propaganda política que ignora la legislación europea y representa un gasto innecesario para los contribuyentes italianos.
El acuerdo bilateral con Albania tiene una duración de cinco años y permite el traslado de migrantes interceptados en el Mediterráneo central. A pesar de las críticas, las autoridades italianas planean continuar con este enfoque, siguiendo el guion del primer envío realizado en octubre.
El plan de externalización migratoria de Meloni ha generado un debate intenso sobre la gestión de la migración en Europa, cuestionando la efectividad y ética de trasladar a personas vulnerables a terceros países.
