El gobierno de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, ha aprobado un decreto que busca establecer formalmente una lista de ‘países seguros’. Esta lista es crucial para justificar la existencia de centros de detención de migrantes en Albania, una medida que ha generado controversia y enfrentamientos legales.
La estrategia del gobierno italiano se centra en blindar esta lista mediante decretos con fuerza de ley, utilizados en situaciones de ‘necesidad o urgencia’. Estos decretos deben ser ratificados por el Parlamento en un plazo de 60 días, lo que otorga al gobierno un margen para implementar sus políticas migratorias.
Hasta ahora, la lista de países seguros estaba contenida en un ‘decreto interministerial’, un documento de carácter administrativo. Sin embargo, la reciente decisión judicial de vaciar un centro de retención en Albania, donde se encontraban migrantes de Egipto y Bangladés, ha llevado al gobierno a buscar una solución más sólida.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió la medida en una rueda de prensa, afirmando que se trata de una ‘norma primaria’ destinada a ofrecer una interpretación clara de la ley. Este movimiento es una respuesta directa a la decisión del Tribunal de Roma, que no convalidó la retención de doce migrantes y ordenó su regreso a Italia.
El núcleo del debate radica en la definición de ‘países seguros’. Según el acuerdo con Albania, solo pueden ser enviados a estos centros los migrantes provenientes de países considerados seguros. Italia ha identificado 22 países como seguros, incluyendo Egipto y Bangladés desde mayo pasado. No obstante, el Tribunal de Roma discrepa con esta clasificación.
La presidenta de la sección de derechos de las personas e inmigración del Tribunal de Roma, Luciana Sangiovanni, citó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que un país debe ser seguro de manera homogénea en todo su territorio. Según la jueza, Egipto y Bangladés no cumplen con este criterio.
El gobierno de Meloni defiende el acuerdo con Albania como un modelo para otros países, argumentando que ayuda a aliviar la presión sobre el sistema de acogida de Italia. Sin embargo, la negativa judicial a reconocer ciertos países como seguros ha sido vista como una interferencia en la separación de poderes, según los partidos de la coalición gobernante.
El debate continúa mientras el gobierno busca consolidar su política migratoria frente a los desafíos legales y las críticas internas y externas. La situación pone de relieve las complejidades de gestionar la migración en Europa y la necesidad de encontrar soluciones que respeten tanto la seguridad nacional como los derechos humanos.
